El viernes declararán ante la jueza los primeros imputados

SEVILLA- La denuncia del PP ante el Tribunal de Cuentas va contra cinco altos cargos, aunque no todos están imputados en la causa que instruye la jueza Mercedes Alaya. Fuentes de la investigación aseguran que la magistrada realizará nuevas imputaciones en los próximos meses. En este sentido, las actas del Consejo de Gobierno son clave, ya que la instructora ha apuntado en un auto que investiga un posible delito de prevaricación al no atender los avisos de la Intervención General de Hacienda. El próximo 8 de julio ya ha citado a declarar a los primeros imputados.

Antonio Fernández
El cargo más alto
El ex consejero Antonio Fernández está imputado por los posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La juez ha ordenado investigar su patrimonio y el de su familia. Se acogió al ERE de González Byass siendo consejero: en el expediente figura que comenzó a trabajar el mismo día que nació.

Antonio Rivas Sánchez
Ex delegado provincial de Empleo en Sevilla
Es uno de los imputados por la jueza. El PP también lo incluye en su denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Dos de sus cuñados aparecen como intrusos en los ERE y varios militantes del PSOE de Camas (Sevilla), municipio del que fue alcalde, también se beneficiaron de las prejubilaciones

Francisco Javier Guerrero
Ex director general de Trabajo y Seguridad Social
Imputado por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La Junta lo responsabiliza a él en exclusiva del mal uso del dinero. Fue el que acuñó el término de «fondos de reptiles» en su declaración ante la Policía. El PP lo incluye en su denuncia ante el Tribunal de Cuentas junto a su sucesor en el cargo, Juan Márquez Contreras y el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Ponce. Estos dos últimos no están imputados por la jueza.

Rafael Rosendo
Ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla)
Es uno de los intrusos, todos imputados. Cobró 110.000 euros, que ha consignado ante notario para asegurarse un posible atenuante.