La Fiscalía alerta de «nuevas formas de corrupción» como la trama de los ERE

La opinión del fiscal superior de Andalucía y la del Gobierno andaluz sobre la trama de los ERE fraudulentos es diametralmente opuesta. Si el primero se muestra preocupado por nuevas formas de corrupción, como la relativa a las ayudas sociolaborales de la Junta, el Ejecutivo sigue defendiendo que tan sólo un uno por ciento de estas partidas son irregulares.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, junto al presidente de UPTA-A, Isidoro Romero, ayer en Sevilla
El presidente del PP-A, Javier Arenas, junto al presidente de UPTA-A, Isidoro Romero, ayer en Sevilla

Durante la presentación ayer de la memoria de 2010 de la Fiscalía andaluza, el fiscal superior, Jesús García Calderón, aseguró que «en los últimos años la corrupción se relacionaba con problemas urbanísticos o la actividad municipal». Sin embargo, actualmente «han aparecido situaciones» vinculadas a fraudes de fondos públicos. Por ello, apostó por apoyar a los fiscales delegados en la comunidad, ya que «es fundamental que cuenten con un incremento del personal auxiliar a sus órdenes, mejor coordinación y mayores medios». Según García Calderón, «la lucha contra la corrupción es una cuestión fundamental, máxime en una situación de crisis económica como la que padecemos donde el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último euro».

Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, no quiso valorar las declaraciones del representante del Ministerio Público, aunque sí criticó la posibilidad de que exista la sensación de que «todos los trabajadores beneficiados han actuado mal». «Es una absoluta injusticia, no para el Gobierno andaluz por la labor que ha desarrollado, sino para todas esas familias que se han visto en una situación muy difícil», subrayó Recio, quien recalcó que tan sólo en un uno por ciento de los casos, en los últimos diez años, se ha detectado como irregular, algo por lo que se siente «avergonzado». Por ello, insistió en que hay que distinguir esos casos irregulares de una «política sociolaboral que ha ayudado a muchas empresas y a miles de andaluces». Igualmente, Recio se mostró convencido de que, si preguntara a la opinión pública sobre el caso de los ERE fraudulentos, «seguramente tendría una opinión equivocada respecto a lo que nos dan las investigaciones y las cifras».

«Un mismo objetivo»
Sobre el último auto de la juez Mercedes Alaya, en el que insiste que la Consejería de Empleo le remitió expedientes «reconstruidos», la consejera de Presidencia, Mar Moreno, no aclaró si volverá a mandar la documentación requerida por la magistrada. «En el juzgado están», se limitó a contestar, para volver a defender posteriormente el argumento que viene repitiendo tras los Consejos de Gobierno: «Perseguimos el mismo objetivo que la juez, que es sentar en el banquillo a los responsables de este fraude». Por tanto, la «única discrepancia» que mantiene con la titular del juzgado de Instrucción número seis es la referida a las actas de los Consejos de Gobierno. Un asunto que el Ejecutivo quiere trasladar al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

A juicio de Moreno, entre los autos de la juez y las interpretaciones del PP sobre los mismos «muchas veces hay kilómetros». «No vamos a entrar en ese juego del PP de enfrentar al juzgado con la Junta, ya que estamos en el mismo barco desde el minuto uno», sostuvo. Además, recordó los últimos casos judiciales en los que están involucrados concejales populares para subrayar que el PP «está bien entretenido en el juzgado» y que esta formación «no ha acusado ni denunciado».

Arenas: «Lo más gordo de la Consejería de Empleo está por salir»
El presidente del PP-A, Javier Arenas, vaticinó ayer que «lo más gordo» de la Consejería de Empleo «está por salir y acabará en los despachos de dos presidentes de la Junta», por lo que sostuvo que, «sin limpiar a fondo» este departamento, «no se gana crédito en la lucha contra el paro». Arenas valoró así el «oscurantismo y enchufismo» que denunció la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en los talleres de empleo de la Junta. Arenas no dudó en aseverar que en la Consejería de Empleo «no hay nada limpio», un departamento donde «se han dado de baja multitud de partidas destinadas al empleo, al autoempleo, a la prevención de riesgos laborales y a la formación para implementar fondos que han terminado en créditos que se han condonado, en ayudas caprichosas a empresas que nadie entiende y en ayudas para adquirir algún medio de comunicación». Por su parte, Chamizo reconoció el «esfuerzo inversor» realizado para la formación en talleres, pero hizo hincapié en que ha notado que «a veces no ha habido un proceso muy claro en la selección del alumnado y profesorado».