El Ayuntamiento «burló» el Pleno al ceder la gestión de la grúa a Aussa

SEVILLA- En enero de 2004, un acuerdo plenario otorgaba el servicio de la grúa municipal a Tussam. Un mes después, mediante una concesión administrativa –sin mediar concurso público–, ésta concedió a Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa) la gestión de la retirada, inmovilización y depósito de los vehículos en la vía pública. Es decir, que benefició a una empresa participada mayoritariamente por ella –en un 51%– y con capital privado. Una cesión que «fue contraria a la normativa administrativa», según una sentencia del Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press y que declara a Tussam responsable solidaria de los trabajadores que quedaron subrogados a Aussa –aunque perdiendo a efectos de salario los derechos por antigüedad–.
«Burló, con o sin anuencia municipal» el acuerdo de Pleno –continúa el fallo–, además de «defraudar» derechos de los trabajadores, que pasaron a formar parte de la plantilla de Aussa tras un periplo por las dos anteriores concesionarias. La sentencia del Supremo estima así el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en base a sendas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El TS alude a un fallo de diciembre de 2007 del juzgado Social número 6 que que condenaba a las empresas Setex Aparki (concesionaria del servicio de 1994 a 1999 y de 2002 a 2004) y Servicleops (gestora entre 1999 y 2002) a asumir la demanda salarial de los trabajadores. El juzgado absolvía al Ayuntamiento y fue ratificado por el TSJA. Ahora, el Supremo revoca parcialmente la sentencia de marzo de 2010 al entender que existe «responsabilidad solidaria» por parte de Tussam, en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. La rectificación se basa en que la concesión se saltó las «disposiciones legales» al no depender Aussa exclusivamente de la empresa de autobuses.
El presidente del comité de empresa, José Carlos Ortiz, celebró la «contundente» decisión judicial, que «viene a darnos la razón aún más y ahonda en la legalidad que este Ayuntamiento se ha saltado». Ortiz consideró que se demuestra que «se ha defraudado a lo público y a lo privado, vulnerando el derechos trabajadores». No obstante, lamentó que «han pasado ya siete años» desde que se produjo la primera denuncia.
El secretario general de CSIF en la entidad, Santiago López, destacó por su parte la «repercusión» de este último fallo, «pues crea definitivamente jurisprudencia». Según apuntó a Europa Press, ahora Setex Aparki podría reclamar al Ayuntamiento «todos los daños y perjuicios que se le han ocasionado durante estos siete años». Algo similar ocurre con los empleados, cuyas exigencias tendrían como base el convenio laboral de Tussam.
«Ineptitud» de la empresa
Según la tesis defendida por la representación jurídica de los trabajadores de Aussa, «había que aplicarles la legalidad vigente» en lo tocante a la subrogación, frente a la decisión «unilateral» de que «sea una empresa semipública la que gestione el servicio», lo que ha derivado en una gran conflictividad laboral –con un expediente de regulación temporal de empleo abierto a 37 trabajadores–.
Respecto al concurso abierto para la nueva concesión –que expiró el pasado febrero y al que también concurre Aussa–, el presidente del comité de empresa explicó que «en estos momentos está parado por el cambio de equipo de gobierno». No obstante, manifestó que «tenemos mucha confianza en que el nuevo alcalde y el delegado restituyan los derechos de los trabajadores y el servicio se preste por una empresa profesional» ante la «ineficacia» de Aussa. «Su ineptitud nos ha llevado a esta situación, con un ERE y la ciudad sin grúa», lamentó.