La Junta no aclara si recibió las alertas de irregularidades en los ERE en 2003

La estrategia del Gobierno andaluz pasa por blindarse ante cualquier pregunta sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares que instruye la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Las protestas se trasladaron ayer a la misma puerta del Palacio de San Telmo
Las protestas se trasladaron ayer a la misma puerta del Palacio de San Telmo

La Junta se parapeta con una coletilla: el juzgado ya está investigando. Tildar al PP de mentir en todas sus acusaciones en este asunto es la otra pata fundamental de la estrategia del Ejecutivo de Griñán. Teniendo esto en cuenta, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, cumplió ayer escrupulosamente con el guión en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. A la pregunta de si la Junta tuvo constancia de los avisos de irregularidades en los ERE de la faja pirítica de Huelva que formularon un grupo de antiguos trabajadores de la mina de Tharsis a través de distintos escritos dirigidos al Defensor del Pueblo entre 2003 y 2004, señaló que «cualquier información que aparece al respecto debe ser investigada por el juzgado. La Junta ha puesto a disposición de este juzgado toda la información».

La respuesta de la titular de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz no aclara por tanto si efectivamente la Junta tuvo conocimiento de estas irregularidades antes de que estallara el escándalo de los ERE o si puso en marcha algún tipo de investigación. No obstante, según publicó ayer LA RAZÓN, en los escritos de los mineros queda patente que las misivas también se dirigieron al Partido Socialista de Huelva y que el colectivo de antiguos trabajadores de Tharsis mantuvieron incluso una reunión con el entonces delegado provincial de Empleo, Manuel Alfonso Jiménez, quien les instó a que dieran «nombre y apellidos» de «los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos». Hay que recordar, asimismo, que la Junta alegó una vez que estalló la trama de los ERE que cuando recibieron los primeros avisos de la Intervención en 2005 pusieron en marcha una auditoría aleatoria sobre una veintena de ERE y que no se extrajo ninguna anomalía.

El mismo blindaje exhibió la consejera de Presidencia respecto a la instrucción dada por la Fiscalía Anticorrupción para que el juzgado investigue el papel del parlamentario socialista Ramón Díaz Alcaraz en el ERE de Saldauto, tras haber sido acusado de pedir la inclusión de dos de los tres intrusos. En alusión a la denuncia del Partido Popular de que el «fondo de reptiles» sirvió para financiar campañas de publicidad aseguró: «Rechazo cualquier insidia del Partido Popular. Están personados en el juzgado y lo que tienen que hacer es ir y denunciar».

La «desconfianza inmerecida» de los impagados
Varios centenares de prejubilados siguen acampados frente al Palacio de San Telmo y esperando cobrar unas mensualidades que ya arrastran cinco meses en blanco. Ayer aprovecharon la reunión del Consejo de Gobierno para manifestarse en los alrededores de la sede de la Presidencia de la Junta. La consejera de Presidencia no concretó un horizonte temporal para normalizar la situación. Sí señaló que el 80 por ciento de todas las prejubilaciones –más de un millar de los 6.000 prejubilados no cobra, por tanto– «están resueltas».

La hoja de ruta marcada por el Gobierno andaluz es, primero, conseguir el rescate de las pólizas de Apra Leven, ya que si la Junta abona las cantidades éstas irían a parar a la masa concursal de la aseguradora que está en suspensión de pagos y, mientras tanto, poner en marcha un sistema de subvenciones excepcionales. La titular de Presidencia, quien dijo que la Junta está trabajando «a calzón quitado» para solucionar el problema, aprovechó para lanzar una «reflexión»: «La Junta no ha tenido la culpa de que una empresa quiebre. Parece una desconfianza inmerecida al Gobierno andaluz la que están demostrando las personas acampadas».