Un difícil recurso pese a que la Junta amague con el Constitucional

SEVILLA- La consejera de Presidencia, Susana Díaz, no dudó ayer en afirmar, en relación a la negativa del Gobierno de pagar los 1.504 millones de inversiones no ejecutadas de 2008 y 2009 que el Ejecutivo autonómico baraja acudir al Tribunal Constitucional, según recoge Efe. «Cuando el diálogo no es posible y el Gobierno del PP corta esa vía, lógicamente nos está obligando a recurrir a los instrumentos jurídicos a nuestro alcance».

No obstante, fuentes expertas en derecho constitucional consultadas por LA RAZÓN, señalan que el posible recurso de la Junta tiene difícil encaje. Primero, porque lo que se tendrían que recurrir al Constitucional son los Presupuestos Generales del Estado de 2008 y 2009 y éstos incluían una cifra acorde con lo que establece el Estatuto de Autonomía. El plazo, además ha expirado con holgura, ya que son tres meses desde la publicación de la norma. Segundo, por la propia indefinición de la Disposición Adicional Tercera del articulado autonómico, que no explicita que el conjunto de las inversiones tengan que estar contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La interposición de un recurso Contencioso-Administrativo es aún más complicado de ahormar.