No es venganza es Justicia

La salida de prisión del terrorista Antonio Troitiño después de cumplir 22 años de reclusión por 20 asesinatos y de hacerlo seis años antes de lo previsto, ha reabierto un debate endémico sobre las penas a los delitos terroristas y su cumplimiento. La revisión de su tratamiento penal ha sido también una constante. Se tardó demasiado en entender que la democracia no lo era menos por castigar con severidad actos terribles. Fueron los gobiernos de Aznar los que dieron un paso decisivo ante el que la izquierda fue siempre reticente: el cumplimiento íntegro de las penas y una estancia máxima en prisión de 40 años para delitos terroristas. Y, sin embargo, periódicamente nos encontramos con episodios incomprensibles. Terroristas con varios asesinatos en su haber que abandonan la prisión con uno o dos años de cumplimiento por crimen, favorecidos por la no retroactividad de las reformas legales. Todo se ajusta a Derecho, pero resulta indigerible para una sociedad que ha sufrido tanto. Hay una sensación generalizada en la ciudadanía de que el sistema es condescendiente con los actos terroristas. Los resquicios legales, como la doctrina del «doble cómputo» del Tribunal Constitucional que favoreció a Antonio Troitiño, alimentan el desencanto y la inseguridad. Como la generosidad con los permisos a los etarras, algunos tan escandalosos e injustificados como los que ha recibido Jaiona Intxaurraga. Esta colaboradora de la banda ya salió en 2010 para trasladarse a Francia a cruzar a su perra de competición, y próximamente disfrutará de más vacaciones en las fechas en las que se celebra una exposición canina de su interés en el país vecino. Lo peor es que no hablamos de circunstancias excepcionales.

Pocos españoles piensan hoy que los terroristas se pudrirán en la cárcel, y menos todavía confían en la palabra de un Gobierno que ha instrumentalizado la política antiterrorista en función de sus intereses. Los resultados de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN son concluyentes. Ocho de cada diez españoles apoyan la cadena perpetua para los terroristas, y nueve de cada diez son contrarios a reducciones de condena. Una mayoría de ciudadanos (52,4%) entiende que las excarcelaciones de los históricos de ETA son gestos hacia la banda, y más de la mitad (52,7%) cree que hay contactos entre el Gobierno y los terroristas. Existe, por tanto, un estado de opinión abrumador sobre este asunto que no puede ser ignorado. La sociedad siente frustración y desánimo. Los políticos se equivocan cuando desatienden las demandas, que no son fruto del momento y que permanecen en el tiempo, y más aún en cuestiones que afectan tan hondo al espíritu y los sentimientos de los españoles como son las referidas a las víctimas.

Las penas, además de lógicas y racionales, deben recordar a la sociedad que resultó un acierto confiar en el Estado el Derecho para castigar y que hemos acertado al renunciar a la venganza. Para ello, el legislador no puede alejarse del sentir de los ciudadanos, sino alinearse con él. El debate sobre la cadena perpetua es delicado, pero se tiene que afrontar. En Europa existe esa pena y nos llevan años de experiencia democrática. Debemos aprender la lección y no permitir que se desvirtúe la Justicia.