Otro ataque del PSOE a Alaya: ahora por coincidir los autos con la comisión

SEVILLA- La comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE se gestó con polémica –hasta diez veces la rechazó el PSOE en la pasada legislatura– y ayer nació con tensión. Por varios aspectos. El primero, porque se conocieron las nuevas decisiones de la juez Mercedes Alaya, lo que no sentó nada bien al Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz Mario Jiménez aprovechó esta circunstancia para cargar, una vez más, contra la magistrada. Pese a que el auto está fechado el 12 de junio, Jiménez mostró su «preocupación» y «alarma ante lo inexplicable, lo redundante y lo que puede significar de distorsión de la vida política de esta comunidad». Denunció «estrategias judiciales» a las que no les importa «hacer caer al Estado de Derecho» y cargó contra la «cacería despiadada» que, a su juicio, vive José Antonio Griñán «por unos malos perdedores y unos malos demócratas, como son los señores del PP y los medios de comunicación que sin el más mínimo respeto a la verdad han participado de esa cacería».

No fue el único momento de tensión vivido. La primera reunión de trabajo de la comisión se celebró a puerta cerrada, según estipula el artículo 70.3 del reglamento de la Cámara andaluza que señala que la comisión del estatuto de diputado y las comisiones de investigación, salvo las comparecencias, no pueden contar con público. Esta falta de «transparencia» fue criticada por los medios de comunicación; mientras IU y PP se mostraron favorables a una posible reinterpretación del artículo para próximos encuentros, Jiménez reclamó «respeto» para las normas del Parlamento.

Una vez dentro, según trasladaron los portavoces de IU y del PP –el del PSOE no participa en la comisión, pese a que fue él el que luego habló de la misma–, el primer desencuentro se produjo en el nombramiento del presidente. Los populares, grupo mayoritario, propusieron a la diputada Teresa Ruiz Sillero; IU a Ignacio García. El PSOE apoyó la propuesta de la coalición de izquierdas, por lo que el vicepresidente de la Cámara será el que presida los trabajos.

Para el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, es un «botón de muestra» de que PSOE e IU tienen ya «el guión escrito» de esta comisión. «Izquierda Unida no puede ser gobierno y oposición a la vez, hay que decidirse y no por los sillones», argumentó.

El PP propuso que las comparecencias no se inicien hasta que no esté terminado el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ya que lo consideran «sustancial», una opción que se verá en la próxima cita.

Según el calendario aprobado, los Grupos presentarán mañana sus propuestas de reglamento. El martes 26 volverán a reunirse para su aprobación, la programación de los trabajos y la fijación de plazos para la solicitud de documentación y comparecientes.

De momento, tampoco hay acuerdo sobre la duración de los trabajos. El portavoz de IU, José Antonio Castro, habló de «un mínimo de 90 días». Parece seguro que se habilitará el mes de julio y queda la duda de si se hará lo propio con el mes de agosto. El ritmo lo marcará la coalición de izquierdas; los comparecientes irán «de abajo a arriba», empezando por los interventores.

Griñán declarará en la Comisión y el PSOE «empuja» a Chaves
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha dejado el recurso fácil de «estoy a disposición del Parlamento» y ha pedido a su Grupo que lo incluya en su listado de comparecientes. «Creo que yo debo decir muchas cosas para salir al paso de determinadas cuestiones que se están diciendo que no se ajustan a la realidad», se defendió. Además, el PSOE admitió que hablará con Chaves, «que ya ha mostrado su disposición a acudir». Los socialistas se adelantan así a una posible petición de IU, ya que el PP ha anunciado que lo reclamaría.