La dispersión de presos debe seguir por Daniel Portero

La futura Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Tribunal Constitucional tienen un reto bastante importante para que se cumpla con la Ley y el Estado de Derecho con las víctimas del terrorismo. La presión que ETA, a través del Colectivo de Presos de ETA (EPPK), está realizando hacia Batasuna, Bildu y Amaiur se ha ido incrementando paulatinamente para que estos grupos políticos insistan y fuercen al Gobierno central para que se derogue la denominada «Doctrina Parot» y la necesidad de acabar con la dispersión de los presos de ETA a lo largo de la geografía española. Gracias a la «Doctrina Parot» se está haciendo justicia a las víctimas del terrorismo cuyos atentados fueron anteriores a la reforma del Código Penal de 1995. Desde 2006, un miembro de ETA que haya asesinado o cometido más de dos delitos no tiene una reducción de la condena sobre el máximo legal que podría cumplir (30 años), sino que la reducción por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) se aplica respecto de cada una de ellas individualmente. De esta forma, si un etarra ha asesinado a 3 personas, deberá cumplir por los tres asesinatos y no le salen gratis dos de ellos como ocurría con la aplicación del Código Penal de 1973. El Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista que pasará a la historia –hasta el momento– por legalizar a Batasuna en mayo de 2011, tiene la tarea de resolver muchos recursos de amparo de miembros de ETA, que podrían derogar la «Doctrina Parot». Miedo me da que los que se hacían llamar «amigos de mi padre» (Luis Portero-asesinado por ETA en 2000), Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala, vuelvan a sus maquiavélicos planteamientos de ceder al chantaje terrorista por un mal-llamado «por el bien de España» que trasladó uno de ellos a una víctima del terrorismo cuando legalizaron a Batasuna a través de la coalición Bildu en mayo de 2011. Si el nuevo Gobierno quiere la confianza de los españoles en la Justicia debería renovar inmediatamente el Tribunal Constitucional, dotándolo de jueces y magistrados independientes. Aplicar el Estado de Derecho también es volver al modelo independiente de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, un modelo (el anterior a 1985) en que los propios jueces y magistrados eligieran a sus máximos representantes y no, como ocurre ahora, que son los representantes políticos los que los eligen.
Respecto a la dispersión de presos de ETA hay que recordar que siempre debe emplearse si queremos que se aplique la Ley ya que, mientras ETA siga existiendo, trasladar a los presos de ETA a un mismo recinto penitenciario retroalimenta el cumplimiento de los objetivos de la propia organización terrorista a través del EPPK, es decir, genera cohesión y confianza dentro de ETA y sus presos. La dispersión pretende cortar las raíces del sentimiento destructivo de ETA y su entorno hacia España, de forma que los presos etarras no puedan crear un «gueto» dentro de una cárcel que se haga fuerte y pueda reivindicar los planteamientos de la organización terrorista. Tener dispersados a los presos de ETA corta las líneas de comunicación y debate de la propia organización terrorista. Si ETA sigue existiendo, la dispersión debe seguir existiendo. Si verdaderamente queremos acabar y extirpar el cáncer terrorista que aún tenemos, no podemos claudicar a los objetivos de la organización etarra. Por otro lado, simplemente hay que recordar que la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el último Gobierno de Felipe González, ha sido la «puerta trasera de escape» que ha utilizado el Gobierno de Rodríguez Zapatero con determinados presos etarras que no cumplen con lo establecido en la Ley. Mientras no se aclaren los casi 300 asesinatos de ETA sin resolver, no se puede hablar de que los presos supuestamente arrepentidos hayan «colaborado activamente con las autoridades» –como establece el artículo 90 del Código Penal– como condición indispensable para la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Si, como bien dice el Sr. Rajoy, va a aplicar escrupulosamente la Ley y el Estado de Derecho con todos, sólo pedimos que haga lo mismo con las víctimas del terrorismo. Pero tiene que conocer que, hasta hoy, no ha sido así y él tiene la oportunidad histórica de hacerlo.

Daniel Portero
Presidente de Dignidad y Justicia