Actualidad

Empresas españolas por Cástor Díaz Barrado

La Razón
La RazónLa Razón

La decisión adoptada por las autoridades de las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz de retirar licencias de explotación a YPF y, en el fondo, a Repsol, empresa española, no es una buena noticia. El asunto plantea cuestiones de enorme interés para el análisis y se encuentran enfrentadas dos versiones distintas de lo que está sucediendo. Las autoridades provinciales argentinas sostienen que no es una decisión «ni arbitraria ni discrecional» y que en modo alguno atenta contra la seguridad jurídica, algo que resulta fundamental para las inversiones extranjeras en cualquier país. Desde otra perspectiva, se sostiene que estamos ante una decisión de naturaleza política que trata de poner en marcha una estrategia destinada a recuperar «la soberanía energética». Los dos elementos están presentes en una decisión de este tipo y el asunto podría llegar tanto a judicializarse como a generar un conflicto de naturaleza política. Pero más allá, lo relevante es que el Gobierno español debe estar muy atento a estas decisiones y debe desplegar todos los esfuerzos diplomáticos para asegurar la presencia de empresas españolas en el exterior y, por qué no, garantizar sus intereses. Esta defensa debe asumirse, sin embargo, en el marco de la colaboración con el Gobierno argentino. No es incompatible garantizar las inversiones españolas en Argentina y, al mismo tiempo, procurar el desarrollo económico y social de los lugares donde se llevan a cabo. Hay que mostrar «la cara amable» de la labor que desarrollan las empresas españolas, de tal modo que se reinviertan beneficios en aquellos lugares en los que tienen lugar, en este caso, explotaciones petrolíferas. Pero es muy importante también que la sociedad argentina constate las ventajas de contar con la cooperación de Repsol-YPF en la economía del país. Hay que alejar los riesgos de la nacionalización, que perjudicaría tanto a Argentina como a España y que, al final, repercutiría en el bienestar de los ciudadanos. La reciente visita del ministro Soria a Buenos Aires camina en la buena dirección y el objetivo es buscar fórmulas de aprovechamiento común y la defensa de intereses comunes. En ningún caso hay que favorecer que una situación de este tipo produzca el «efecto contagio» y que se vean afectadas otras empresas españolas en el país austral. Es la hora de la diplomacia y ha llegado el momento de presentar las relaciones hispano-argentinas como lo que en realidad son: la cooperación entre dos estados que mantienen no sólo intereses comunes, sino que comparten una misma visión en las relaciones internacionales. España no debe cometer errores en el asunto de las Malvinas, ni tampoco sus empresas. El Gobierno central de Argentina debe transmitir a sus ciudadanos que España es un socio estratégico fundamental en su desarrollo económico.