Islas Baleares
«Es el momento de dejar de pensar en 17 reinos de taifas»
Estoy seguro de que algunos de ustedes, ojalá muchos, habrán visitado este verano alguna de nuestras islas. Habrán pasado unos días de vacaciones en Mallorca, en Menorca, Ibiza o Formentera. Habrán disfrutado de nuestras playas, de nuestras maravillosas calas, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra naturaleza… En resumen, de todo eso que yo no puedo disfrutar. Ya cuando era alcalde podía poco, y desde que soy presidente, nada.
Además se habrán encontrado con bastantes síntomas de una buena temporada turística. Y es verdad, la temporada turística ha sido –está siendo, porque todavía le queda un poco– buena. Baleares acapara la primera posición tanto en volumen de llegadas como en incremento registrado respecto al mes de septiembre de 2011. Hay datos que señalan claramente que continúa la tendencia de recuperación turística durante el año 2012, con 9,4 millones de turistas entre enero y agosto. Pero a veces me da la sensación de que en Madrid, aunque no sólo en Madrid, pero desde luego pasa en Madrid, acaban creyendo que en una comunidad como las Islas Baleares, que ocupa un espacio en su mente muy relacionado con el ocio, a las vacaciones, al placer, los yaes de lujo… Y parece que no hay problemas, que no hay necesidades. Y las tiene. Claro que las tiene.
Como el resto de Comunidades Autónomas, las Islas Baleares tienen problemas. Que es muy diferente que decir que las Comunidades Autónomas son el problema. Porque las Comunidades Autónomas no son el problema, eso lo tengo clarísimo. Es más, seremos parte importante de la solución.
En mi intervención les voy a hablar básicamente de lo que Baleares hace para cumplir con su compromiso económico con el Estado. De los cambios que estamos llevando a cabo en la Administración. Cambios estructurales, profundos, atrevidos. Y también es importante que definamos la relación del Estado con Baleares, y de cómo debemos reorganizar el modelo autonómico para que no sólo estemos, sino que estemos bien, que es como podremos imaginar un futuro mejor para todos. Porque queremos lo mejor para Baleares, pero también lo mejor para España.
La política que impulsó mi Gobierno desde el primer momento es muy sencilla: Actuar con sentido común, aplicar criterios de austeridad, racionalizar el gasto, definir los criterios de eficacia y eficiencia y aplicar su control en la Administración. Y eso que se dice muy fácil no lo es, sobre todo cuando se piensa en solucionar los problemas a corto plazo.
Volviendo a lo de que no hay otra forma de afrontar esto, reconozco que me hace pensar en qué narices hubieran hecho los del Pacto de Progreso, PSOE y PSM, entre otros, para afrontar la situación presupuestaria teniendo en cuanta que hay que cumplir el objetivo de déficit y que hay una ley de estabilidad presupuestaria. Hubieran tenido que hacer lo que estamos haciendo nosotros, o al menos intentarlo y no hacer lo que practicaron: el gasto público, el despilfarro y la mamandurria. Les recuerdo que entraron en junio de 2007 con una deuda de 1.837 millones de euros y que cuatro más tarde salieron con una deuda de 4.483, más 1.500 en los cajones. Lo que suma unos 6.000 millones de euros de deuda. Eso sí, acuñado mediante el término de inversiones «silenciosas», con el que lo explicaban todo.
...Nostros hemos pasado de 14 consellerias a 6 más una vicepresidencia económica. Una reducción de 35 direcciones generales, quedándose en 31 nada más. (Esto supone un ahorro por legislatura de 26 millones de euros). Hemos eliminado todo tipo de subvenciones, a patronales, sindicatos, medios de comunicación… Y todavía nos sigue quedando trabajar en la estructuración.
Conceptualmente no creo en la política subsidiaria, y mucho menos en el reparto para contentar a unos y otros sin medir los retornos. La paz social es un objetivo para todos los políticos, y para mí también, pero aspiro a conseguirla solucionando los problemas de verdad, no comprándola con el dinero de todos. No estoy aquí para ganar ningún ránking de popularidad sino para sacar a las Islas Baleares de la crisis, generar puestos de trabajo, cumplir nuestros objetivos y ayudar al Gobierno de España a salir de esta situación.
Estamos llevando a cabo un Plan de Ajuste de Empresas Públicas: Es importante porque es un ejemplo de lo estructural de nuestras reformas. Al llegar nosotros al Govern el sector público instrumental contaba con 180 entes, entre organismos autónomos, consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro y otros entes públicos. La previsión a 31 de diciembre de 2012 es que ya sean 75. Una reducción de 105 entes.
Por otra parte, hemos aprobado una serie de iniciativas legislativas para reactivar la economía, hemos aprobado, por ejemplo, la nueva Ley General de Turismo. Baleares tenía una Ley obsoleta en esta materia. Esto era grave. Porque somos líderes en turismo. Pero habíamos dejado que el modelo madurara sin reaccionar a tiempo. Ahora hay una Ley que va a dar mucho dinamismo, y que entre otras cosas va a posibilitar que este invierno haya una inversión de más de 140 millones de euros para rehabilitaciones, mejoras y cambios de uso.
Hemos dado la calificación de proyectos de Interés autonómico a cuatro proyectos impulsados por la iniciativa privada. Se trata de facilitar las cosas a los empresarios, y que no vean en la Administración aquel lastre y la inseguridad jurídica que suponía pensar en las Islas Baleares.
Ya les adelanto que la colaboración público-privada es un tema en el que estamos trabajando, y acabaré mi intervención con unas reflexiones al respecto.
Entonces, es indudable que Baleares hace un gran esfuerzo. Los ciudadanos de Baleares hacen un gran esfuerzo. Porque quieren cumplir. Es una Comunidad Autónoma que aporta neto. Concretamente la segunda que más aporta. No existen dudas respecto de un esfuerzo que supone aportar al crecimiento económico nacional un plus sin el cual los datos de crecimiento económico negativos para el conjunto del Estado se verían agravados. No existen dudas en relación a un esfuerzo contributivo al sistema de financiación del resto de Autonomías del Estado de unos ciudadanos que son contribuyentes netos de dicho sistema sólo por detrás de Madrid. No existen dudas cuando se trata de un esfuerzo contributivo a la Seguridad Social de todos los españoles. Una contribución que permite redistribuir riqueza y pagar pensiones de otros ciudadanos del Estado. No existen dudas del compromiso de esfuerzo y solidaridad de Baleares cuando en la ejecución de nuestro Plan de Equilibrio mantenemos una reducción de gasto o incremento de ingresos que nos permite alcanzar el 1,5% de déficit a final de año. Así lo demuestran los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre, que nos sitúan en el 0,4%. O cuando somos la única Comunidad Autónoma que incrementa recaudación en tributos cedidos respecto del primer semestre del año pasado. No existen dudas sobre el compromiso de nuestra Comunidad con la observancia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y los preceptos que en ella se contienen. Y llegados a este punto, lo que se trata es de señalar que el Estado también debe cumplir con una Ley Orgánica que es el Estatuto de Autonomía (por el cual Baleares debe recibir 400 millones anuales, y no viene de este Gobierno, viene del anterior). Y debe cumplir con el nivel de inversiones comprometido, por cuanto ello forma parte del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Y de lo que también se trata es de que el Estado cumpla con los pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo en virtud de los cuales se declaran vigentes los convenios en materia de carreteras. Que suponen compromisos por valor de 330 millones en Baleares. No ya para hacer nueva inversión. Sino para mantener los servicios públicos esenciales de la sanidad, la educación y los servicios sociales de una parte del Estado –que es Estado– y que se llama Islas Baleares.
Es imprescindible que además de que las CC AA cumplan con el Estado, en este caso las Islas Baleares, el Estado también cumpla con las CC AA, con Baleares en este caso.
Les decía al principio de mi intervención que obviamente en las Islas Baleares tenemos problemas. Tenemos problemas de conectividad aérea –les invito a ustedes a ponerse en la piel de un menorquín que mañana tenga que venir a Madrid. En tren en uno de esos portales de reservas de vuelos y verán el susto que se dan–, tenemos necesidades en materia de transporte ferroviario, en materia de carreteras, de infraestructuras… No es sostenible un sistema que gasta más en limpiar y mantener los trenes catalanes que en todos los proyectos del Estado en Baleares. La inversión directa del Estado en Baleares, sin contar los convenios, será en 2013 de 78 millones de euros. La media de inversiones del Estado en España: 340 millones de euros. Cómo explicar a unos ciudadanos que hacen el esfuerzo que toca que la contrapartida es ésta…
Hay que mejorar el sistema de financiación, y convertirlo en algo justo que pueda ser perdurable en el tiempo, porque lo injusto no suele durar. Y es injusto que una comunidad que siempre es de las que más aporta sea siempre de las que menos recibe. ¿Cuántos de ustedes se apuntarían a un club en el que por norma tienen que pagar más que los demás y recibir menos? ¿No sería mejor encontrar un sistema justo que cohesione el club, con principios de solidaridad evidentemente?
Es necesaria una cartera homogénea básica de servicios. No puede ser que cada comunidad haga una prestación básica de servicios. Es el momento de dejar de pensar en 17 reinos de taifas. Es el momento de pensar en la homogeneización de un criterio. En que todas las comunidades estemos en las mismas condiciones, que no haya comunidades de primera y de tercera.
El sistema de financiación autonómico vigente no nos gusta, no es justo ni es transparente, lo hemos dicho en otras ocasiones, si a ello añaden que una parte del sistema de financiación ideado en 2009 incluye las inversiones estatutarias y estas no se cumplen, el resultado no puede ser satisfactorio para nadie.
Baleares quiere un cambio en el sistema de financiación para poder seguir siendo solidaria con el resto de Comunidades Autónomas, ya que persistir en el empobrecimiento que dicho sistema da como resultado la propia quiebra del sistema.
No obstante lo anterior, y atendiendo a la situación actual, creíamos que era oportuno en este momento iniciar los trabajos de evaluación del comportamiento del sistema de financiación antes de entrar en su reforma, por lo que debo mostrar mi satisfacción de que en la Conferencia de Presidentes se acordara empezar la revisión de este sistema en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Quiero dejar una cosa clara: delante de ustedes no hay ningún aventurero. Aquí no pensamos en nada que no sea la unidad de España.
Las Islas Baleares cumplen con el Estado. Y lo van a seguir haciendo. Que nadie tenga duda alguna al respecto. Pero queremos trabajar para crear una convivencia mejor. Más justa. En la que estemos todos cómodos. Con principios de solidaridad. Un modelo que no permita discursos fáciles a los nacionalistas.
En definitiva, las crisis son oportunidades para cambiar las cosas. Para mejorarlas. Sería una oportunidad perdida gestionar esta crisis con la mirada puesta en el plazo corto. Hoy más que nunca, quienes nos dedicamos a la política, tenemos que hacerlo sin pensar en la reválida de cada cuatro años. Yo estoy convencido de que el trabajo bien hecho siempre da recompensa, pero que en este caso es absurdo buscar más recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Lo demás puede ser. O no.
Y les dejo una última reflexión, que ya les he adelantado anteriormente, respecto a un tema que me preocupa bastante. Les hablo de la colaboración público-privada. Aquí hay bastantes empresarios, y estoy seguro de que estarán de acuerdo al menos en parte con lo que les voy a decir. Lo público sigue siendo muy complicado para lo privado. Intransitable a veces diría yo. Y lo público no puede con todo lo que tiene, y mucho menos con la forma de hacer de lo público. De esta crisis debe salir una nueva forma de relacionar lo público con lo privado. Por eso es preciso que la Administración lleve adelante una profunda reflexión sobre:Cuáles son los proyectos o servicios que la sociedad verdaderamente requiere en este momento; cuáles de estos proyectos deben prestarse inexcusablemente, de forma directa, total o parcialmente, por la propia Administración competente. Por el contrario, cuáles de dichos proyectos o servicios, sin dejar el ámbito de control del sector público, pueden prestarse en colaboración con el sector privado; cuál es la fórmula más adecuada de colaboración público-privada que nos va a permitir prestar cada uno de tales servicios o proyectos de forma más eficiente para el ciudadano. La definición estricta de las obligaciones de cada una de las partes, y sobre todo, el control y la evaluación por parte de la Administración; movilizar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en proyectos o servicios que requiera el ciudadano. Extender la cultura de la cooperación estable en nuestra sociedad...
Son retos que tenemos por delante y no sólo de los que tenemos una responsabilidad de gestionar lo público, sino que son retos de toda la sociedad. Se trata de aprovechar las oportunidades para aprender del pasado y preparar mejor el futuro. Con confianza.
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