«Somos víctimas de ETA y de la Justicia»

"Quiero manifestar lo injusto de esta situación, es indignante", ha afirmado María Isabel Bruño en su turno de última palabra, en el que ha aprovechado la ocasión para denunciar que su familia lleva 30 años siendo víctima de la extorsión de ETA y que ahora tiene que soportar la acusación de un delito de colaboración con banda armada. "Se nos acusa de colaboradoras mientras somos víctimas de ETA", ha dicho.

"Quiero decir que resulta difícil encajar la actuación del Estado. Nos sentimos víctimas de la extorsión de ETA y de la Justicia", ha proseguido la acusada, quien, al igual que su hermana Blanca Rosa Bruño, ha recordado que ambas permanecieron en prisión provisional durante un mes. "Es increíble todo lo que nos está pasando, son 30 años viviendo con este miedo (...). Es muy duro recibir una carta de ETA, pero no es menos duro lo que nos ha tocado vivir en la cárcel y todo lo que eso conlleva", ha destacado.

Asimismo, las acusadas han denunciado que su familia ha estado "amenazada"durante 30 años, desde que recibiera la primera carta de extorsión en 1980. Según han explicado, su padre --que entonces era alcalde del municipio guipuzcoano de Usurbil-- denunció públicamente la extorsión pero la familia se encontró con un "clima de inseguridad
y miedo"que condució a que cuando ellas recibieron otras dos cartas, en 2003 y 2006, no lo denunciaran ante la Justicia.

"Era volver a revivir el sufrimiento, cada vez que salías de casa mirabas debajo del coche, no te atrevías a denunciar ni hacer nada. Fue difícil, fue una tragedia. Lo hemos llevado como hemos podido", ha explicado Maria Isabel Bruño recordando la carta de extorsión que recibieron en 2003 y asegurando que no efectuaron "ningún pago"a ETA. "No simpatizo con nadie que apruebe la violencia", ha agregado.

ETA les mandó un "cálido abrazo"
Durante la vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal Vicente González-Mota ha elevado a definitiva su petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que la defensa ha reclamado la libre absolución de sus representadas.
Por su parte, varios peritos de la Guardia Civil han mantenido que el lenguaje y la individualización de las cartas remitidas por ETA a las empresarias revelan que éstas efectuaron una "aportación voluntaria"de 6.000 euros de impuesto revolucionario.

Los agentes han revelado que la misiva enviada en 2008 a las hermanas Bruño se diferenciaba de otras remitidas a empresarios extorsionados porque se despedía con un "cálido abrazo", incluía un mensaje "ideológico-político"y les emplazaba --no exigiendo-- a seguir contribuyendo con su "ayuda". "Lo que empezó siendo un proceso de extorsión, ha acabado convirtiéndose en una especie de aportación voluntaria", han mantenido.

La Guardia Civil también ha considerado que las procesadas mantienen "antecedentes vinculantes con la organización terrorista ETA"y han recordado que Blanca apoyó a la agrupación electoral 'Auskera Guztiak' y que Isabel fue en las listas de Euskal Herritarrok.

Hubo contacto con la banda, según el fiscal
Para el Ministerio Público, la prueba pericial y documental ha conducido a "la conclusión lógica de que hubo contacto"entre las empresarias y la banda terrorista, fruto del cual se pagaron 6.000 euros. Por su parte, los abogados defensores han solicitado la libre absolución y han cuestionado que sus clientes pasaran de denunciar con "valentía"la extorsión en la década de los 80 a mantener desde 2003 "una perfecta sintonía"con los pistoleros.

Ante el tribunal, presidido por Fernando García-Nicolás, la Fiscalía ha sostenido que Blanca e Isabel, presidenta y vicepresidenta de la empresa Andrés Bruño e Hijos, recibieron en el año 2003 una carta de la organización terrorista en la que se les reclamaba el pago de 120.000 euros.
Las dos hermanas respondieron a ETA con otra misiva en la que pedían una rebaja en el pago.

La banda contesta a su vez en abril de 2008 con una carta de agradecimiento en la que pone de manifiesto que las acusadas "han entregado voluntariamente a la organización 6.000 euros". Esta última misiva fue localizada en el registro practicado en Burdeos de la vivienda que ocupaba Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.