Justicia por favor

El Tribunal Constitucional continúa conteniendo sus costuras, a duras penas. Uno de los magistrados dimisionarios, el denominado «conservador», había anunciado desde hace tiempo su deseo de dejarlo, y en ésas sigue. Pero para el amago de los dos jueces calificados como «progresistas» todavía se buscan motivaciones políticas. Prefiero no imaginarlo...

Porque, lo que sí es cierto, es que todo lo que sucede en torno al Tribunal Constitucional jamás parece natural y liviano, sino producto de turbias conspiraciones. Así es cómo la opinión pública interpretó la sentencia que daba vía libre a Bildu para participar en las instituciones, emitida en 48 horas, a diferencia de los cuatro años que el mismo Tribunal tardó en dirimir sobre el Estatuto de Cataluña.

Que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores y el Consejo General están politizados no es un secreto. Y si dañino es que los políticos metan sus manos en los Tribunales, no menos malo es que los jueces actúen, con más complacencia de la debida, bajo la etiqueta de «progresistas» y «conservadores», y voten alineados en función de los intereses del grupo político que les ha propuesto para su nombramiento.

Por eso, tras la jugada de ahora, hay quien señala a Rubalcaba, para forzar la renovación del Alto Tribunal antes de que se convoquen las elecciones y gane Rajoy. Pendientes de sentencia del Constitucional quedan otros espinosos temas como la legalización de Sortu, la ley del aborto o la ley del matrimonio homosexual, de la que lógicamente Zapatero/Rubalcaba esperan sentencias «progresistas».

Los tejemanejes de los políticos por colocar a sus partidarios son constantes, y aunque no hemos llegado al grado de Italia, donde el primer ministro, Silvio Berlusconi, llama «cáncer» a los jueces que le juzgan, es evidente que una justicia independiente perturba, en más ocasiones de las deseadas, el gusto de los políticos por controlarlo todo.

Se necesita pues, con urgencia, un gran pacto de Estado para la Justicia, semejante al que se firmó en 2001, que permitió en apenas dos años poner en marcha nada menos que 20 grandes reformas. Entonces se planteó para poner a la Justicia del siglo XIX en el siglo XXI. Pues bien hoy, si bien no estamos en el XIX, si podemos afirmar que no hemos dado el salto a nuestro tiempo. Porque una cosa sí es cierta, tras 36 años de democracia parece como si el ejercicio democrático hubiera reforzado al Ejecutivo, devaluado al Parlamento y politizado la Justicia. Es lógico pues que la Corona o Las Fuerzas Armadas sean las instituciones mejor valoradas, porque están fuera de la bronca política.

Difícil no, imposible, será antes de las elecciones lograr pacto alguno para reformar nada. Sólo espero que tras los comicios el consenso sobre la Justicia se plantee como asunto prioritario para despolitizarla, para hacerla más moderna y eficaz, para dotarla de medios, organización y leyes. Justo lo que está demandando la ciudadanía. Sólo hay que leer el CIS.