Asunción exige al PSOE que le devuelva su militancia

Asunción alega que tal resolución infringe la Constitución en lo relativo a ser informado de la acusacion que se le imputa.

Explica que «en los antecedentes de la resolución no se concretan ni se especifican cuáles son los hechos, ni la infracción que constituyen su objeto», y explica que tal indeterminación inicial, ya de por sí, impide el adecuado y preceptivo derecho a la defensa frente a las acusaciones realizadas y a la sanción impuesta».

El ex ministro también deja patente que «el acuerdo de apertura del expediente disciplinario fue tomado el 28 de diciembre de 2010, a la fecha del presente escrito ninguna comunicación fehaciente, y no fehaciente me ha sido comunicada, cuando ya han transcurrido 16 días desde la adopción del acuerdo».

«Privación de derechos»
Recuerda en sus alegaciones que «la privación de cualquier derecho o cualidad de afiliado, como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo, debe revestir un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista».

Considera que estas circunstancias ya de por sí serían suficientes a los efectos de declarar la nulidad de la resolución de suspensión de militancia comunicada pero, además, realiza algunas manifestaciones sobre los hechos que motivan la suspensión. Dice que se le acusa de «cuestionar la línea y la actuación política del PSPV, y de acusar a la dirección nacional del partido en Valencia de coaccionar a los militantes de juego sucio, de pucherazo y de intentar bloquear las primarias», y recuerda que el artículo 6 de la Constitución Española «obliga a los órganos del partido a extender y favorecer el derecho a comunicar públicamente las opiniones, incluso las divergentes».

Dice también que las coacciones a los militantes que le apoyaron fueron puestas de manifiesto en el recurso planteado a la Comisión Federal sin que este haya contestado.
Por último, concluye que el expediente no se le instruye hasta que los tribunales no piden explicaciones al PSOE, tres meses después de los hechos.