Francia elude la sanción por la expulsión de gitanos tras adaptar sus leyes de extranjería

Tras la escalada verbal, toca una retirada en la que todos queden ganadores. La Comisión Europea y Francia cerraron ayer, de momento, su enfrentamiento con motivo de la expulsión de alrededor de un millar de ciudadanos europeos de etnia gitana de suelo francés, al congelar Bruselas el procedimiento de infracción que pensaba abrir a París

Imagen de una manifestación en Paris
Imagen de una manifestación en Paris

A cambio, el Gobierno de Nicolas Sarkozy adaptará su legislación nacional para terminar de aplicar todos los requerimientos de la Directiva de Libertad de Movimiento, algo que debería haber hecho ya en 2006. «Estoy contenta de decir hoy que Francia ha respondido positivamente, de manera constructiva, y a tiempo a la petición de la Comisión», indicó su vicepresidenta, Viviane Reding.

Esta adaptación, obligatoria por otro lado y que una parte importante de los Veintisiete continúa sin completar, sabe a poco teniendo en cuenta que las expulsiones fueron comparadas por Reding con las deportaciones de gitanos y judíos de la Segunda Guerra Mundial, y deja sin reparar la expulsión del millar de rumanos y búlgaros.

Según fuentes comunitarias, Bruselas va a vigilar muy de cerca la aplicación de los cambios: el pasado criminal no será tenido en cuenta para expulsar a un ciudadano europeo, se valorarán las circunstancias personales antes de la expulsión, como el arraigo en el país, y no se utilizará el incremento del nivel de alerta como excusa para deportaciones masivas. No obstante y según explican, Francia no los terminará de aplicar hasta la primavera del próximo año. Según los mismos portavoces, si el Gobierno francés no sigue el calendario y los compromisos marcados, el Ejecutivo comunitario reabriría el procedimiento de infracción.

Los partidos más críticos con Sarkozy han recordado a la Comisión que no descarte la acusación por discriminación contra París por las expulsiones, cargo que los servicios legales de Bruselas todavía no han empezado a estudiar. «Creemos que la manera en que las expulsiones fueron realizadas, la nota interna [que priorizaba] el desalojo de campamentos gitanos y el descubrimiento de una base de datos étnica son prueba más que suficiente de discriminación», indicaron los socialistas europeos.


Del desinterés a la rivalidad entre la UE y el Consejo
Los problemas de la población gitana preocupaban tan poco a Europa que el pasado abril asistieron a una cumbre de integración sólo tres ministros de los Veintisiete. Sin embargo, la atención mediática por las expulsiones ha provocado la guerra de protagonismos entre el Consejo de Europa, que agrupa a 47 países europeos, y que reclama ser el foro apropiado, y la UE. El COE celebra hoy una reunión ministerial para la mejora de la integración gitana y la Comisión Europea ha prometido un marco europeo para coordinar estrategias nacionales para la población romaní.