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Desmontando a Berzosa
Al equipo de Berzosa no le quedan excusas para justificar la deuda que soporta en la actualidad la universidad Complutense de Madrid. Por activa y por pasiva, el actual rector ha responsabilizado de la situación a la crisis y a la gestión económica de su predecesor, Rafael Puyol.
El ex rector se hizo eco de estas declaraciones a través del Claustro y del Consejo de Gobierno de la universidad y ha aclarado en un comunicado remitido al propio Berzosa y al presidente del Consejo Social que sus acusaciones no tienen ningún fundamento.
El equipo actual reconoció una deuda de 161 millones, de los que según sus cuentas, 124 millones provenían del mandato anterior, cifra del cierre del ejercicio de 2003. Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta es que en el año 2001, Rafael Puyol adquirió un Contrato Programa Marco de Financiación Global con la Comunidad Madrid, por la que durante 5 años aseguraba la cobertura íntegra de la totalidad de los gastos de personal y financiación de las cantidades destinadas a la amortización de la deuda que la Comunidad asumía. Es decir, desde el periodo 2001-2005 la universidad tuvo una deuda consentida por la Comunidad gracias a este acuerdo. La deuda que autorizó la Comunidad ascendió a 66 millones y a la finalización del Contrato se hizo efectiva esa subvención, que fue superior en 18,8 millones al gasto que financiaba.
Lo mismo ocurrió durante el periodo 2006-2010, por ello Puyol no entiende la deuda de la Complutense en el capítulo 1, porque se encontraba incluida en la financiación pactada. «Resulta incierto y completamente injusto que cuando nos atribuyen una deuda de 124 millones de euros, no se den las explicaciones que permitan saber que la mitad de la misma estaba financiada por la Comunidad», sentencia Puyol en su escrito.
La otra mitad de la deuda está formada por los derechos que estaban pendientes de cobro en junio de 2003. Estos derechos eran de 60 millones correspondientes, entre otras partidas, a las matrículas pendientes de ese curso, los derechos referidos a la deuda que el Consejo Superior de Deportes tenía con la universidad (9,7 millones) así como otras inversiones que se habían ejecutado durante el año y no se habían percibido.
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