De «Calabaciño» hasta el «Pulpo Pepe»

MADRID-En el Centro de Control Aéreo «Pegaso», de Torrejón de Ardoz, ayer se trabajaba, bajo mando militar, con más seguridad si cabe que en los tiempos anteriores a la declaración del Estado de Alerta y la militarización del personal civil.

Los responsables del Ejército del Aire han establecido que se cumplan a rajatabla las medidas de control y que la separación entre aviones sea la que marcan los protocolos. Cada hora entran menos aviones que antes y sale el mismo número, pero la seguridad, en una situación de militarización, se considera prioritaria.

Márgenes aceptables
Esto no significa que los controladores civiles, tan vilipendiados en estos días, no cumplieran con su obligación y, como ha quedado demostrado siempre, volar fuera seguro en España. Lo que ocurría es que se acortaban, dentro de unos márgenes aceptables, las distancias. Lo hacían para que las compañías ganaran en puntualidad y los viajeros salieran beneficiados.

Los controladores, que están pendientes de si se prorroga el estado de Alarma, tienen al ministro de Fomento, José Blanco, y al presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, como sus auténticas «bestias negras» y les acusan de haber provocado la situación que aún esta sin resolver.

En pantallas de ordenador y paredes de la sala se pueden observar referencias a Blanco y Lema. Sin embargo, tras estas caricaturas, normales en cualquier conflicto laboral, se esconde la voluntad general de los controladores de negociar y resolver el asunto, en el que la falta de personal es uno de los puntos críticos.

«Caballo Loco»
«Calabaciño Blanco, truco o trato»; «Little Big Torre Horn», en referencia a la batalla que tribus de indios, liderados por Tasunka Witko, «Caballo Loco», ganaron, el 25 y 26 de junio de 1876, al Séptimo de Caballería de los Estados Unidos, mandado por el teniente coronel Custer, se ven en las pantallas. En este conflicto, aún sin terminar, los controladores, en conversaciones privadas, se muestran favorables a negociar porque no tiene sentido llegar, en un plano figurado, a una batalla como la descrita.

El «Pulpo Pepe» no acierta, en esta ocasión, ni una; y el presidente de Aena, cuya acreditación de empresa aparece colgada del cuello de un buitre, es presentado como el «Privatizador».

La intervención del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso del pasado jueves, también tiene lugar de honor en la sala: «el ministro es un inútil total», como dijo en su día Alfredo Pérez Rubalcaba, al titular de Fomento, Rafael Arias Salgado, y recordó, con astucia parlamentaria, el líder de la oposición.

«Sin descanso, no hay seguridad»
La presencia visible de los militares se limitaba ayer a un suboficial pero, regularmente, acuden mandos del Ejército del Aire dentro de lo acordado por el Gobierno. No ha habido problemas en ningún momento entre los controladores y el personal castrense; todo lo contrario.

Los controladores recuerdan en algunos carteles que «sin descanso, no hay seguridad» y que «miente con lo que quieras, menos con la seguridad». Habrá que esperar a la conclusión del Estado de Alerta para que las negociaciones se puedan retomar. Los controladores admiten que hay cosas que no han hecho bien, pero subrayan que por la otra parte se han producido actitudes que se alejaban por completo de lo que debe ser una voluntad negociadora. Lo que ocurre es que, de un lado y de otro, los representantes parecen «quemados» y no estaría de más buscar una solución también a este «pequeño detalle».

Los afectados exigen 10.000 euros
La plataforma de afectados por el cierre del espacio aéreo va a proceder por dos vías jurídicas para reclamar, por un lado, una responsabilidad penal de los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución y, por otro, solicitar una indemnización a AENA y el Ministerio de Fomento de 10.000 euros por afectado, en este caso por el lado administrativo. Así, la plataforma desveló ayer la estrategia jurídica que seguirán los abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que unos 5.000 afectados han encomendado la defensa de sus intereses, informa Ep. Entre los más de 600.000 afectados que hubo por la huelga de controladores, se encuentra el caso de Miguel San Sebastián, de 57 años, que murió en un lavabo de Barajas el viernes a causa de un infarto.