El fiscal abre la puerta a que Carlos G declare por el chivatazo pero no ahora

MADRID- La declaración de Carlos G. ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para esclarecer su actuación en el «caso Faisán» –el supuesto soplo policial que abortó una operación contra el «aparato de extorsión» de ETA en mayo de 2006– «puede ser pertinente y necesaria», pero más adelante. Ésta es la respuesta de la Fiscalía a la solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de que el responsable del operativo policial puesto en jaque por el supuesto soplo comparezca como testigo para esclarecer las contradicciones existentes tras la declaración ante el instructor de su superior, el ex jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) José Cabanillas. En el mismo escrito, el fiscal Carlos Bautista rechaza que sea necesario un careo entre ambos y tampoco juzga pertinente que declaren como testigos los agentes que prestaron apoyo técnico en las grabaciones efectuadas en el «bar Faisán» de Irún, donde supuestamente se producían los pagos a ETA. Ahora, es el juez Ruz el que tiene la última palabra sobre todas estas diligencias solicitadas por las acusaciones populares.

Para el fiscal, la «prudencia» aconseja que la comparecencia de Carlos G. se produzca «en un momento posterior», cuando se hayan practicado las diligencias pendientes, «especialmente las de la pieza secreta» (nueve de los folios remitidos por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert). Sobre todo teniendo en cuenta que –en su opinión– los informes que está aportando al juzgado el equipo investigador encabezado por el propio Carlos G. «resuelven muchas de las cuestiones que pudieran plantear las partes».

La Fiscalía se opone también al careo instado por Dignidad y Justicia (DyJ) entre Carlos G. y Cabanillas. Y lo hace con dos argumentos: la «escasa o nula utilidad» de este tipo de diligencias y el hecho de que están aún pendientes de practicar algunas de ellas «que pueden solventar las aparentes contradicciones entre uno y otro» (similar argumento al utilizado para diferir la comparecencia de Carlos G.).

El fiscal Bautista invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual el careo no es en sí mismo un medio de prueba, sino una diligencia complementaria y «extraordinaria» encaminada a corroborar las declaraciones de testigos o imputados o «aclarar las contradicciones o discordancias» existentes entre ellas. Para el Alto Tribunal, recuerda el representante del Ministerio Público, la experiencia demuestra que el careo «raras veces conduce a resultados eficaces».

En cuanto a la negativa a que declaren los agentes que prestaron cobertura al equipo investigador con las grabaciones del «bar Faisán», la Fiscalía subraya que dejaron de prestar esa labor «bastante antes del mes de mayo de 2006», por lo que la vigilancia de las puertas del local fue realizado a partir de entonces «en exclusiva» por el equipo investigador.

Por último, el fiscal se opone a que –tal y como reclamaba uno de los imputados– se deje sin efecto una serie de diligencias realizadas por el equipo investigador. Bautista cree que esa pretensión «no tiene fundamento legal» y, en todo caso, debería sustanciarse en el juicio con la citación como testigos de miembros de ese equipo.

Camacho «no aporta nada»
La comparecencia como testigo del «número dos» del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, «ni aporta nada» al esclarecimiento de los hechos «ni añade ni quita nada» al tráfico de llamadas recogido por el equipo investigador (Camacho y el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, hablaron dos veces por teléfono poco antes del supuesto chivatazo). Para el fiscal Bautista, en los 19 tomos de la causa no existe «ningún asidero» que sustente esa petición de comparecencia impulsada por Dignidad y Justicia y el PP. La Fiscalía recalca que, con una operación antiterrorista en marcha, el secretario de Estado «necesariamente» debía estar al corriente, por lo que esas llamadas entran dentro de la «lógica».