Sebastián sofoca la «guerra del motor» y logra el consenso para una nueva ley

MADRID- La ley de Contratos de Distribución, que verá la luz en un plazo de tres meses, según el compromiso adquirido ayer por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, regulará definitivamente las relaciones contractuales entre los fabricantes y su red de concesionarios. Esto significa que la modificación de la Ley de Economía Sostenible, aprobada el pasado martes con el voto positivo de todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, será papel mojado en sólo unas semanas.

Este anuncio fue hecho tras la reunión mantenida ayer en el Ministerio, a la que asistieron los representantes de las Autonomías que tienen plantas de producción de automóviles en su territorio.

Ahora comienza la batalla por influir en el nuevo texto en preparación. Los fabricantes, que según han denunciado la asociación de concesionarios Faconauto, preparan una reestructuración de sus redes comerciales que podría suponer la desaparición de hasta un 30%, quieren que la situación se mantenga como hasta ahora. Los concesionarios aspiran a que una parte de sus reivindicaciones se incluyan en la nueva ley.

Uno de los principales puntos de fricción entre las partes se refiere a la financiación de los «stocks». Los fabricantes estiman que los concesionarios deben comprar los productos en firme y pagarlos a un plazo de, según las marcas, unos 90 días. Los concesionarios quieren poder devolver en un plazo de dos meses los vehículos que no se hayan vendido. El fondo de este enfrentamiento es financiero. Si un concesionario puede devolver producto, obliga a las marcas a provisionar este posible vehículo. Pero la red argumenta que, de esta forma, una marca no obligará a un concesionario a comprar modelos no deseados y acumular un «stock» que, en algún momento, ha llegado a tres años de ventas estimadas.

Los fabricantes no han dudado en movilizarse inmediatamente para hacer frente al nuevo texto de la ley de Economía Sostenible. Por un lado, el presidente de Anfac y vicepresidente del grupo Volkswagen, Francisco García Sanz, calificó el texto legal como «chapuza normativa» e «intromisión política inaceptable», que podría afectar a las inversiones que los fabricantes tienen comprometidas en nuestro país. Pero por otro lado han puesto en marcha métodos más sutiles. Ayer se mandó claramente el mensaje a la Generalitat de que los fabricantes e importadores -en esta batalla están muy unidos- no estarían dispuestos a realizar las fuertes inversiones necesarias para asistir al próximo Salón del Automóvil que deberá celebrarse en Barcelona a mediados de mayo. El mensaje parece que tuvo respuesta inmediata, ya que el portavoz de CiU, Durán Lleida, aclaraba en la tarde de ayer a la agencia Efe que «seguramente la enmienda es muy dura para el sector de la fabricación y, por tanto, habrá que intentar buscar contenidos más asimilables y admisibles para ambas partes», a la vez que animaba a la negociación a las dos partes en conflicto.

El portavoz de CiU se ha defendido de los ataques de algunos sectores argumentando que el Ministerio de Industria tenía que haber hecho hace tiempo una ley de Distribución. «La enmienda fue del PNV y podría haberse evitado si Industria hubiera cumplido los plazos establecidos por el Parlamento».

Por su parte, los concesionarios de automóviles argumentan que la nueva ley debe proteger la continuidad de las pequeñas y medianas empresas de distribución, que se han visto ahogadas por la crisis de ventas y la falta de financiación. «Mientras cada fabricante tiene beneficios que superan los cuatro mil millones, la red de distribución está arruinada», mantiene el presidente de Faconauto, Antonio Romero.

Y mantiene el dato de que los concesionarios españoles han tenido que despedir en los dos últimos años a unos 35.000 trabajadores. «De mantenerse la actual situación, antes de fin de año habrá otros 5.000 despidos y cerrarán unas 500 empresas», ratifica Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam, patronal que agrupa a concesionarios y talleres independientes de toda España.

La modificación fue un «error» en el que cayó toda la oposición
El nuevo texto modificado de la Ley de Economía Sostenible fue aprobada con el voto en contra del grupo socialista y la posición favorable del resto de los grupos políticos del Congreso. La redacción de la modificación fue realizada desde el bufete del abogado Miguel Roca Junyent y contó con el apoyo inmediato de Convergencia y Unió. Recibió el consenso del grupo popular, que introdujo una enmienda final para que la ley no tuviera carácter retroactivo. Un error, ya que esta modificación que ha conseguido enfrentar seriamente al sector sólo tendrá unas semanas de vida.

1.-El Congreso
La modificación de la ley de Economía Sostenible obliga a los fabricantes a fuertes indemnizaciones en caso de rescisión de contrato de concesión.
2.- Reacciones
Los fabricantes se oponen al texto y presionan a Industria para evitar tener que provisionar el «stock» de vehículos en manos de la red de distribución.
3.- Ley de Contratos
La nueva Ley de Contratos de Distribución, que se aprobará en la legislatura, regulará las relaciones entre los fabricantes y sus concesionarios.

Una semana de tensión
15-02-2011
Votación
- El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Economía Sostenible con una enmienda que modifica la relación entre fabricantes y concesionarios.
15-02-2011
Enmienda
- En el último momento, el PP introduce una enmienda para que esta modificación no tenga carácter retroactivo. El PSOE pierde la votación frente al resto de los grupos.
17-02-2011
Reacciones
 - Los fabricantes, a través de Anfac, se muestran indignados con la nueva ley y amenazan con suspender sus inversiones en las plantas de producción españolas.
21-02-2011
Defensa
 - Los concesionarios defienden la ley con el argumento de que suaviza la posición de dominio de las marcas en sus relaciones contractuales.
21-02-2011
Industria
 - El ministro de Industria convoca a las CCAA y a algunos sectores implicados para estudiar el conflicto creado entre los fabricantes y la red de distribución.
22-02-2011
Solución
 - Industria se compromete a redactar en tres meses la ley de Contratos de Distribución que regulará definitivamente las relaciones contractuales entre marcas y red comercial.