Jiménez golpea a la bollería en plena batalla por Madrid

La Salud Pública, herramienta recurrente de los diferentes ministros de Sanidad para copar protagonismo mediático, vuelve a acudir en socorro de un titular de este departamento. Inmersa en el fragor de las primarias y en su pugna con Tomás Gómez, Trinidad Jiménez ha tomado nota del relanzamiento que proporcionó a su imagen la nueva Ley Antitabaco y ha desempolvado del cajón del Ministerio la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Sorprende que un texto cuyo contenido íntegro trascendió el 19 de noviembre de 2009, adelantado en exclusiva por LA RAZÓN, y sobre el que se pronunció hace meses el Consejo de Estado, viera ayer luz verde en el Consejo de Ministros, casi un año después de su confección. Y sorprende también que lo haga con tal demora, sin apenas cambios con respecto a esa redacción. ¿Casualidad o causalidad? «Ha sido un largo proceso de trabajo con los agentes implicados y, por fin, hemos alcanzado un texto de consenso», justificó la candidata de Moncloa para batirse en Madrid con Esperanza Aguirre. Opinión rebatida sin embargo desde la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas, que rechazó tal consenso «científico y social».

A diferencia del documento sobre la alimentación en los centros educativos que Sanidad pactó con las autonomías en julio, en el que se concretaban objetivos como erradicar alimentos nocivos para los jóvenes como «refrescos, caramelos, golosinas, polos, sorbetes, chocolates y aperitivos salados», la norma desempolvada ayer es más genérica aunque, eso sí, goza de carácter imperativo por ser ley.

Falta la letra pequeña
El texto se vuelca también en los colegios, pero se ciñe a prohibir «la venta de alimentos con un alto contenido en ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos, ya sea mediante máquinas expendedoras o en cantinas o locales similares en centros escolares». El motivo es que un 9,13 por ciento de los niños y adolescentes presenta obesidad, y el 18,48 sobrepeso. La letra pequeña que detallará el veto queda postergada a un desarrollo posterior, aunque Sanidad advierte de que obligará a las industrias a «utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria». ¿De qué forma? Se ignora.
También en el ámbito escolar mantiene los vetos previstos, y asegura que no se permitirá «la venta de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales». Bebidas carbonatadas como las de cola tendrían los días contados.

Uno de los retoques introducidos por Sanidad es en el terreno de la publicidad y las promociones de los alimentos. En el texto de hace casi un año se vetaba la «aportación de testimonios de profesionales, sanitarios, personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo». Esto equivalía a prohibir recientes anuncios de marcas como Actimel o los yogures Vitalínea. Según informó ayer el Ministerio, ahora «se propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual». El fin, dice, es el establecimiento de «códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años».

Con respecto a la guerra al «Happy meal», Sanidad no aclaraba ayer nada en un comunicado aunque el responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Roberto Sabrido, ya se mostró partidario de suavizar las limitaciones y de no vetar de forma absoluta los «premios, obsequios o bonificaciones» que emplean las cadenas de comida rápida. La idea era ceñir sólo el veto a tales productos cuando éstos están ligados a la actualidad. El reglamento dirá si se cumple o no.

Los obesos no pagarán más
- Tal y como adelantó LA RAZÓN, la norma que aprobó ayer Sanidad dedica parte de su articulado a frenar cualquier intento de discriminación por razón de peso u obesidad. Así, se considerará ilícita cualquier actuación de este tipo por parte de empresas. Por ejemplo, las compañías aéreas no podrían cobrar tarifas superiores a los pasajeros con sobrepeso con la entrada en vigor. El texto, además, promueve la creación de estructuras burocráticas como un observatorio y una red española de laboratorios.