El gerente de Urbanismo se escuda en los técnicos para exculparse en Mercasevilla

Como cabía esperar, el alto cargo municipal se exculpó escudándose en «cuatro informes» de los servicios técnicos que avalaban la autorización concedida, y negando instrucciones de sus «superiores» en el Ayuntamiento para favorecer a la constructora malagueña.

Fue el propio Millán quien, a la salida de los juzgados, se encargó de especificar que su inculpación en esta tercera rama del «caso Mercasevilla» nada tiene que ver con la venta presuntamente fraudulenta del suelo a Sanma.

Competencias
Sí se cuestiona su actuación por el permiso municipal de primera ocupación que rubricó pese a que la parcela carecía de suministro eléctrico. El gerente de Urbanismo se remitió a los «cuatro informes favorables» emitidos por los expertos de la Gerencia y subrayó que «las licencias son actos reglados, no tienen política, sino que son adecuaciones de un proyecto arquitectónico a una normativa urbanística».

Ante la juez Alaya había reiterado las mismas ideas, asegurando que ninguno de los técnicos vio los «gravísimos problemas» que detecta la instructora en la tramitación de la polémica licencia.

Según informó Efe, la magistrada incidió durante el interrogatorio en la existencia de un «problema técnico de gran magnitud» a la hora de aprobar dicha ocupación, ya que en la parcela afectada ni siquiera habían comenzado los trabajos para garantizar el suministro eléctrico. La magistrada recalcó, además, que el proyecto planteado por Sanma en Mercasevilla no implicaba «unas obras livianas, pues consistían en un conjunto compuesto por 14 naves industriales y un edificio de dos plantas para oficinas».

Por eso, la instructora sugirió al gerente que pudo recibir indicaciones de sus «superiores» en el organigrama municipal, ya que esta operación era «relevante para el Ayuntamiento, pues se trataba de obras muy importantes para la subsistencia de Mercasevilla, y esa relevancia se había trasladado a Urbanismo, a la vista de la agilidad en las resoluciones e incluso en la rebaja de los requisitos legales».

Cuestionado directamente sobre por qué no subsanó la «irregularidad» que supone la aprobación de la ocupación sin que estuviera garantizado el fluido eléctrico, Miguel Ángel Millán admitió que «si hubiera conocido la existencia de tales informes» sobre la carencia de una infraestructura tan básica, «habría ordenado la caducidad de la licencia».

También fue interrogado ayer como imputado el jefe del Servicio de Licencias de Primera Ocupación de la Gerencia, José Manuel Ferrera, aunque la magistrada Alaya suspendió la declaración tras constatar que este técnico municipal no se encarga de examinar los trabajos de urbanización previos, sino exclusivamente la accesibilidad de los proyectos presentados por los promotores.