El «bipartito» recorta 1000 millones en servicios sociales

Sevilla- La portavoz del PP-A, Rosario Soto, alertó ayer de que la Junta de Andalucía, mediante la «eliminación de programas e impagos en servicios sociales básicos y especializados» está recortando «más de 1.000 millones de euros», prestaciones que «están soportando las entidades locales», esto es, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
En este sentido, Soto criticó la «dejación absoluta de funciones por parte de la Junta», que «no atiende en prestaciones sociales a los ciudadanos», cuando «el artículo 65 del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que las competencias en política social son de la Administración autonómica», recordó.
Así y tras participar en una reunión junto al presidente del PP-A, Javier Arenas, y responsables de Política Social en ayuntamientos y diputaciones provinciales, la portavoz de los populares andaluces señaló que, aunque llevan «pocos días del bipartito», es «tiempo suficiente para saber las hojas de rutas de los consejeros, si bien de políticas sociales nada de nada».
Indicó que la «dejación absoluta de funciones» por parte de la Junta hace que las entidades locales tengan que «atender a las personas más vulnerables», pero «sin un presupuesto que es de obligado cumplimiento transferir por la Junta».
Así, explicó que las entidades locales y las diputaciones provinciales «han asumido más de 500 millones de euros en servicios sociales especializados sin que la Junta de Andalucía haya transferido ni un solo euro». En esta línea, concretó que entre los servicios «impropios» que están desarrollando las entidades locales están la gestión de «residencias de acogidas de menores, guarderías, residencias de mayores, de personas con alzheimer, centros de drogodependencias, residencias de personas con inmigración o los programas de envejecimiento activo, entre otros».
Además, Soto añadió que en servicios sociales básicos «los ayuntamientos también han destinado más de 198 millones de euros, mientras que la Administración solo asumió 40 millones».
Para Soto, estos «más de mil millones menos por la vía de los hechos» suponen «un recorte drástico» para las entidades locales, «administraciones más cercanas al ciudadano y a las que éstos acuden para pedir la prestación del servicio» Así, «vía convenio, la Junta pide a las entidades locales que se hagan cargo de las prestaciones de servicios sociales, pero pasa el tiempo, siguen dando el servicio, pero la Junta deja de transferir la parte pactada por convenio», aclaró.
A juicio de la portavoz del PP-A, «el bipartito PSOE-IU no cree en las políticas sociales como demuestra la unión de las competencias de sanidad y bienestar social en un mismo departamento con una consejera que tampoco cree en las políticas sociales». Por todo ello, se pregúntó «cómo pueden –socialistas e izquierdistas– enarbolar la bandera de las políticas sociales».