Miguel Ángel Fernández Ordóñez

Corbacho: «No hay que facilitar el despido sino posibilitarlo y que el juez decida»

Cuando llegó al Ministerio, no se imaginaba que la crisis fuera a destruir más de dos millones de puestos de trabajo

Está convencido de que la crisis ha tocado fondo y ahora queda remontar
Está convencido de que la crisis ha tocado fondo y ahora queda remontarlarazon

– ¿Por qué no han abordado el tema de la negociación colectiva en esta reforma laboral? No tiene sentido que se haga una norma que facilite el despido y no flexibilice la negociación colectiva. – La reforma introduce elementos que sí tienen que ver con la negociación colectiva, aunque no al nivel que desde algunos sectores se está pidiendo. Es verdad que no aborda si los convenios o la negociación deberían descender a un nivel más descentralizado del que tienen ahora. Pero hay un compromiso de los agentes sociales de abordarlo bilateralmente. –Si los agentes sociales no llegaran a un acuerdo antes del 9 de agosto, que es el plazo dado, ¿tomará el Gobierno alguna resolución? –Sería bueno para el país que se llegase a un acuerdo, que haya un espíritu de concertación. Confío en que los agentes sociales trabajen para mejorar la negociación colectiva. Vamos a ver cómo se puede avanzar sin que eso signifique poner en jaque mate a los convenios colectivos y a los que los hacen posible.– ¿Cuándo podría estar aprobada la reforma laboral?– Esta tramitación podría estar finalizada a finales de julio, luego pasaría el trámite del Senado y como mucho no más allá de la primera semana de septiembre podría quedar totalmente aprobada.– ¿Cómo le explica a un trabajador que el empresario tendrá ahora más facilidad para despedirle con 20 días de indemnización?– No es que tenga más facilidad, porque los 20 días ya existían, aunque tal y como estaba redactada la norma anterior, se había instalado la cultura del despido individual de carácter disciplinario más que el despido objetivo colectivo. La norma actual lo que habilita es, que cuando concurran unas circunstancias de carácter económico que pueda poner en peligro a la empresa, si no hace un ajuste de plantilla, el empresario pueda ejercitar ese derecho de aplicar un despido objetivo de 20 días. Pero no hay que olvidar que va a ser un juez el que determine si esas causas son o no objetivas. – Pero la redacción actual no está clara, pues no concreta esas causas económicas, tan sólo habla de «mínimamente razonables». – Durante esta crisis potente que hemos tenido, sólo el 10% de los despidos ha sido por causas objetivas. Eso significa que entre la realidad y la ley hay cierta distancia. Hemos hecho una redacción para buscar un equilibrio y que cuando una empresa, por razones muy objetivas, esté en riesgo y se comprueba que si no hace un ajuste de plantilla pondría en peligro al 100 de los trabajadores, pueda extinguir el contrato. Por tanto, no hay que facilitar el despido, sino posibilitarlo, pero que venga un juez a comprobar si las circunstancias que alega la empresa son o no ciertas. – ¿Cuál será la posición del Gobierno durante el debate de enmiendas?– Cualquier propuesta que venga que no desnaturalice el proyecto, pero que pueda mejorarlo, la aceptaremos. Pero hay que dejar claro que la fuerza de la reforma no va en la dirección de las causas del despido. El despido debe ser el último eslabón de la cadena, y en España se recurre con demasiada facilidad. Antes que el despido, esta reforma laboral va a facilitar que se pueda reducir la jornada laboral, hasta un 70% si fuera necesario. – ¿Sería razonable alegar como causa de despido el que la empresa lleve 6 meses en pérdidas?– Va a ser muy difícil poder tasar todas las causas. Ahora entramos en un proceso donde se introducirán enmiendas que fijen causas y cuando llegue el momento se discutirán. El Gobierno ha tomado la decisión de aprobar una reforma laboral por real decreto, y que luego se tramite en el Congreso como proyecto de ley. El que haya habido una amplia mayoría de abstenciones, es positivo. Seguro que el debate se enriquecerá.–¿Los contratos ya vigentes no se verán afectados por la nueva norma?– Los derechos que tienen constituidos todos los trabajadores serán los mismos por los que fueron contratados. La nueva norma no tiene retroactividad. – ¿Habrá más recortes en las prestaciones?– La protección social que este país tiene es lo que está permitiendo que no haya una explosión de conflicto social en la calle. Si con esta crisis, que ha destruido dos millones de empleos, el país no hubiera tenido esa red de protección social, el estado de la calle habría sido muy diferente al actual. Ahora bien, en el momento en que salgamos de esta crisis y se empiece a generar empleo, se deberán revisar todas las políticas activas y pasivas. Pero confío en que los 420 euros sea la última partida que toquemos. –Miguel Boyer pidió una reducción de los subsidios y Miguel Ángel Fernández Ordóñez criticó que se penalice la contratación temporal. ¿Qué le parece a ambas posturas?– A Miguel Boyer le diría que cuando estemos saliendo de la crisis, las prestaciones por desempleo y en algunos casos los subsidios no sean un elemento central de la red de protección social y cohesión social. Con Fernández Ordóñez coincido en que en un contexto de crisis hay que facilitar que la gente entre en el mercado laboral. Pero tengo que decirle que hemos sido muy prudentes con la temporalidad, además sólo hemos tocado un contrato, que es el de obra y servicio, y en cuanto a la penalización también hemos sido prudentes porque la máxima empezará a operar en 2015. Pero si no marcamos una dirección nunca conseguiremos el objetivo de reducir la dualidad. – ¿Por qué la CEOE está tan descontenta si como usted dice es una reforma que les beneficia?– Pues no lo sé. Quizás porque es una reforma pensada en la economía y no en el empresario. Debe aprovecharse el trámite parlamentario para profundizar en alguna materia. Me gustaría que los empresarios valoraran que se han introducido muchos elementos para hacer que nuestras empresas sean competitivas. –Usted dijo en unas recientes declaraciones que esta reforma no crearía empleo, sin embargo en la memoria económica que acompaña al decreto se cuantifica el empleo que creará.– No, hablamos de nuevos contratos que la reforma generaría, no de nuevos empleos. La economía es la que crea empleo o la destruye. La situación económica de un país, el consumo y el acceso al crédito. La reforma laboral puede ayudar y mucho no a generar empleo por sí mismo, sino a facilitar que no se destruya. – ¿Tendrá el Fogasa dinero suficiente para pagar todas las extinciones de contrato?– El Fogasa tiene casi 4.000 millones de euros de superávit. El coste estimado para 2011 de la extinción de contratos que se pueda producir está cifrado en 120 millones de euros. Es decir, el Fogasa tiene un recorrido de ocho años para asumir sin problemas todas las extinciones que se produjeran. Si este modelo es de transición hasta que entre en vigor el nuevo modelo austriaco, el Fogasa no va a tener ningún problema. – ¿Cuándo volverá a crearse empleo?–Este año se está pareciendo al final de 2007, y al primer trimestre de 2008, cuando la crisis era incipiente. Este año nada tiene que ver con el desastroso 2009 ni en afiliaciones a la Seguridad Social ni en desempleo. Eso nos debería llevar a pensar que estamos en una situación de haber tocado prácticamente fondo, si no podemos decir que ya hemos tocado fondo de verdad. Y a partir de aquí el futuro tiene que ir a hacia una mejora. Este semestre será mucho mejor que 2009 y tendrá un buen comportamiento en afiliaciones y empleo. – El Gobierno propuso elevar la edad de jubilación de los 65 años a los 67, ¿no sería mejor acercar la edad real de jubilación que está en los 63 años a la edad legal que son los 65 años?–Hay que trabajar en la dirección de que el máximo número de personas esté el máximo tiempo posible de manera activa en el mercado laboral. No podemos ir en dirección contraria. Para alcanzar ese objetivo hay que acercar la edad real de jubilación a la legal. Sería recomendable que no pasaran más de tres meses para que el Pacto de Toledo se pronuncie sobre este particular. O vamos tomando medidas poco a poco para que el sistema de pensiones en 2030 garantice por sí mismo su sostenibilidad o si no las pensiones de 2030 van a tener algún problema. – ¿Qué medidas a corto plazo se deberían tomar para que eso no ocurra?–Una empresa en beneficios si quiere hacer una jubilación anticipada que la pague ella hasta los 65 años. Otra medida es incentivar la permanencia voluntaria en el mercado laboral. Los grupos no están de acuerdo en alargar la edad de jubilación a los 67 y ese debate no lo podemos obviar. – ¿Cómo va a recuperar el Gobierno la imagen de que es el partido de los trabajadores?–Cuando las declaraciones se alejan tanto de lo que uno representa pierden crédito. El PP es un partido conservador y como tal tiene un modelo diferente al PSOE. Pero querer invadir campos que no son tuyos no es creíble.– Pero el Gobierno socialista ha cambiado su signo.– Al PSOE le ha tocado la responsabilidad de gobernar este país en la peor crisis de los últimos 80 años y fruto de esa crisis se ha visto, que no por su ideología, obligado a tomar una serie de decisiones a las que no tenía más remedio. Si tengo la responsabilidad de seguir siendo ministro de Trabajo cuando este país haya salido de la crisis económica y hayamos superado el déficit yo propondré que las pensiones se incrementen por encima del IPC. El sacrificio que hoy se pide a los pensionistas se les compensará. ¿Hará eso el PP? Tengo mis serias dudas. – Haga un esfuerzo de autocrítica ¿qué ha hecho mal el Gobierno socialista?– Seguramente habremos hecho muchas cosas mal, pero no tantas como dice la oposición. Decir que no nos hemos equivocado en nada, no es cierto. Hemos tenido que hacer frente a una crisis que no pensamos que fuera a ser tan larga y tan profunda y seguramente se han tomado muchas medidas pensando más en resolver problemas de coyuntura que no de largo recorrido. Pero si nos hemos equivocado nosotros, también medio mundo lo ha hecho.