OPINIÓN: A propósito del Sahara

El Sahara Occidental es un tema candente que lleva en disputa 35 años. Es el escenario de un conflicto que se prolonga desde que en 1975 España abandonara la administración colonial del territorio y la cediera a Marruecos y Mauritania. Han transcurrido ya más de tres largas décadas y su saldo es: una guerra sin cerrar, un pueblo dividido entre el exilio y la ocupación y, una situación de inestabilidad que afecta a todo el Magreb.
Desde entonces el pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, ha tratado de recuperar su territorio, ocupado militarmente por Marruecos y, de alcanzar la independencia mediante la celebración a tres bandas de un referéndum para su autodeterminación. Sin embargo, la celebración de ese referéndum, previsto desde 1974 y recogido en el Plan de Paz firmado en 1991, ha sido demorada sucesivamente por el obstruccionismo del Gobierno marroquí. Tanto es así, que a día de hoy sigue sin celebrarse.
Marruecos se niega rotundamente a la independencia del Sáhara Occidental y el rey alauí no está dispuesto a convertir el controvertido territorio en una región autónoma. ¿Y todo esto porqué? Sencillamente porque los recursos naturales de la zona, el petróleo, el gas, los yacimientos de fosfatos de Bucra y los ricos caladeros de pesca, son demasiado importantes y valiosos para que Rabat renuncie a su control y administración y, así, perder una importante área de gran influencia geoestratégica, política y económica.
Mientras el proceso se halla en un periodo de estancamiento, el pueblo saharaui espera una salida a su situación desde las duras condiciones de vida del desierto. Condiciones que pudo comprobar y vivir en propias carnes el presidente de nuestra comunidad, Ramón Luís Valcárcel, y la delegación murciana que le acompañó, recientemente, en la visita a los refugiados de los campamentos de Tindouf.
Las posturas irreconciliables de las partes, la poca efectividad de los intentos de solución avalados por la ONU para llevar a cabo sus resoluciones - el Plan de Arreglo de 1991, los Acuerdos de Houston de 1997 y el Plan Baker II del 2003- y la pasividad de la comunidad internacional ante el conflicto son algunas de las razones que explican el enquistamiento del problema y, de que con cierta frecuencia, ocurran incidentes como el del pasado sábado, 28 de agosto, en el Aaiún, capital del Sahara Occidental, y que terminó con la detención de 14 miembros de la organización canaria «SaharaAcciones» por parte de la policía, tras haber sido antes agredidos por agentes de paisano y trasladados a la Casa de España «bajo arresto domiciliario».
Y todo esto, ante la pasividad e indolencia del Gobierno de España y las insistentes negativas del Ministerio de Asuntos Exteriores, como una muestra más de la sumisión que viene desarrollando el Gobierno de ZP y sus ministros frente al democrático reino de Marruecos, paladín y defensor, donde los haya, de los derechos humanos.
Dado el tiempo transcurrido, da la impresión de que el tema ha cambiado, pero, no ha cambiado nada: se ha llegado a un estancamiento, debido a que se ha convertido, en lo que algunos expertos politólogos han convenido en denominar un «conflicto de baja intensidad» o «conflicto congelado», por la poca repercusión que tiene a nivel internacional; porque no hay un enfrentamiento armado abierto ni operaciones militares entre las partes enfrentadas; porque está teniendo un gran coste económico para aquellas partes que están viendo mermado su desarrollo económico y humano; y, sobre todo, porque está demostrando que las Naciones Unidas son incapaces e insuficientes para resolver el problema del pueblo saharaui.
Nuevas iniciativas diplomáticas intentan abrir otras posibles vías de solución pacífica a un conflicto que parece condenado a prolongarse indefinidamente. Durante los últimos años, la población civil de los territorios ocupados ha visto suavizadas, relativamente, las duras condiciones de la ocupación: represión, torturas, desapariciones, encarcelamientos, etc.
En los campamentos de refugiados, la ambigua e indefinida situación de «ni paz, ni guerra» se ha convertido en un factor de desánimo y frustración para una población que lleva más de treinta y cinco años viviendo en condiciones extremas, en una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sahara.
Para la ONU el Sahara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora y, el Tribunal Internacional de la Haya, también, se pronunció sobre este conflicto, concluyendo que no existe «ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos».
Los distintos gobiernos de España se han alineado junto a la ONU para resolver el conflicto del Sahara. El Gobierno de Zapatero se comprometió, desde su llegada al poder, a hacer todo lo necesario para lograr una solución al conflicto, pero su actitud de acercamiento y sumisión a Marruecos está provocando numerosas críticas de la opinión pública española y un gran malestar entre los saharauis, que acusan al Ejecutivo socialista de ceder ante Rabat y abandonar la línea política tradicional de España de apoyo a la causa saharaui.