Los operadores: las tasas para financiar RTVE arriesgan otras inversiones

En un comunicado, ETNO mostró su buena acogida a la decisión anunciada hoy por la Comisión Europea (CE) de llevar a esos dos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que los impuestos que aplican no están en línea con la legislación comunitaria.

A su juicio, la Comisión "se ha tomado en serio el asunto y ha decidido investigar más"la tasa que Hungría también impone a los operadores, al abrir a ese país otro procedimiento sancionador. "Impuestos como los de España, Francia y Hungría imponen una pesada carga al sector, generador de crecimiento y empleos, que ya tiene que afrontar una inversión enorme para desplegar las redes de nueva generación de acceso a internet en los próximos años", indicó la organización.

En ese sentido, reiteró sus "preocupaciones"sobre la posibilidad de que ese tipo de tasas "dificulte"la capacidad de la industria de invertir en las "tan necesitadas redes de alta velocidad de internet", para cumplir así con los objetivos para 2020 de la Agenda Digital europea.

"Tal y como reafirmó hoy la Comisión Europea, esas tasas sobre las telecomunicaciones son incompatibles son las normas de la Unión Europea, que requieren que los cargos específicos a operadores estén directamente relacionados con la cobertura de los costes de la regulación del sector", puntualizó ETNO.

No cumplen la normativa
Para la CE, los nuevos regímenes de financiación de France Télévisions y Radiotelevisión Española (RTVE) no cumplen las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector deben estar relacionadas directamente con la cobertura de los costes administrativos y reglamentarios.

El nuevo modelo de financiación de RTVE, aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago, que en 2010 debía ascender a unos 230 millones de euros.

En Francia, el Estado cobra a los operadores el 0,9 % de sus ingresos totales superiores a la cifra de cinco millones de euros, una tasa con la que las autoridades esperan ingresar unos 400 millones de euros anuales. Bruselas pidió a ambos países retirar los impuestos, pero, al seguir vigentes a día de hoy, decidió presentar una denuncia contra ellos ante la corte con sede en Luxemburgo.