Sevilla

Alonso y Zoido los primeros en «beneficiarse» de la reforma judicial

La Razón
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MADRID- La reforma judicial, introducida vía enmienda al proyecto de ley de medidas de agilización procesal y de reformas de medidas fiscales, administrativas y del orden social que aprobó el Senado el pasado día 14 ya cuenta con los dos primeros «beneficiados»: el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el hasta ahora portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. La reforma permite a los jueces, magistrados o fiscales no perder antigüedad en la Carrera y poder, así, «sumar» para ascender en el escalafón, cuando hayan sido designados para cargo «político o de confianza» o sean elegidos diputados nacionales o autonómicos, senadores, eurodiputados e incluso concejales. Tanto Zoido como Alonso presentaron ante el Consejo General del Poder Judicial sendas peticiones para que se les aplicara la nueva regulación del artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que ya se recoge que el tiempo de quienes se encuentren en esas situaciones se computará como «servicios efectivos en la Carrera» a la que pertenezcan. La Comisión Permanente del CGPJ les concedió ayer tal solicitud al tratarse de una aplicación directa de la ley. Con esta reforma, adelantada en exclusiva por LA RAZÓN el 22 de septiembre, se podrán beneficiar también, entre otros, Mariano Fernández Bermejo y el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, así como los jueces y fiscales que hayan desempeñado los citados cargos con anterioridad, ya que la norma se aplica con carácter retroactivo. Así, José Antonio Alonso «recupera» ocho años en el escalafón judicial, correspondientes a las dos últimas legislaturas, en las que fue elegido diputado por León, y, posteriormente, ocupó las carteras de Interior y Defensa para pasar luego a ser la «voz» del grupo socialista en la Cámara Baja. Si resulta elegido el 20-N, se le aplicará la misma norma.


Por su parte, Juan Ignacio Zoido ha visto cómo su antigüedad ha ganado cuatro años, toda vez que entre 2000 y 2004 fue delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía, cuando José María Aznar era presidente. El tiempo que permanezca al frente de la Alcaldía sevillana le computará igualmente de cara al escalafón.


La reforma ha sido duramente criticada por las asociaciones judiciales. Así, la mayoritaria y «conservadora» Asociación Profesional de la Magistratura considera que la nueva regulación «facilita una permeabilidad entre el Poder Judicial y la actividad política, comprometiendo así la credibilidad de muchas de las resoluciones judiciales futuras». Por su parte, la «progresista» Jueces para la Democracia considera que con ella se merma la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la Carrera Judicial.