Sevilla
La juez pide rastrear el patrimonio familiar del ex consejero imputado por los ERE
A la investigación de la «trama de los ERE» le queda mucha tela que cortar, a tenor del auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla del pasado 16 de abril, en el que Mercedes Alaya se niega a cerrar la fase de diligencias y a entrar en una nueva toma de declaración de los inculpados, como sí pide el Ministerio Fiscal.
Por el momento, según la auditoría interna del Gobierno andaluz, hay 72 intrusos y 111 irregularidades. El juzgado reclama más información a la Junta sobre la trama y encomienda a la Policía Judicial numerosas diligencias. Entre ellas, que además de seguir investigando el patrimonio de los inculpados, se centre en cuatro de los imputados para que «haga extensiva dicha investigación a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas». Es decir, el rastreo de todo el entorno familiar directo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; de Juan Lanzas, el ex sindicalista de UGT conocido como «el conseguidor»; del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, y de Antonio Fernández, el ex consejero de Empleo que aparecía en el ERE de González-Byass con la antigüedad laboral de su fecha de nacimiento y que, según avanzó LA RAZÓN, pasó de números rojos a tener un ático de más de 344.000 euros.
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