Ideó una «cartita» sin firma para justificar inversiones menores a 450000 euros

SEVILLA-La sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía tenía autonomía para aprobar inversiones inferiores a 450.000 euros. A partir de esa cifra, y hasta 1,2 millones, necesitaba el visto bueno del consejo rector de la Agencia IDEA, el ente instrumental adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia del que depende Invercaria. Había un tercer grado de responsabilidad cuando se superaba esa cantidad de 1,2: el Consejo de Gobierno que preside José Antonio Griñán.

Si como Laura Gómiz reconoce en las grabaciones no existían expedientes de varias empresas, en la práctica, tanto ella como sus predecesores en el cargo tenían libertad absoluta para decidir el destino de 450.000 euros sin que ningún órgano superior controlara ese dinero. Y así apuntan los indicios que sucedió.

En un momento de la conversación que mantiene con uno de los empleados admite que no existe certificado del consejo de administración de Invercaria con la resolución de la propuesta de inversión. Se supone que ése sería el documento final de un expediente correctamente tramitado, cuando los órganos directivos de la sociedad asumen la operación y dan el visto bueno para cerrarla. Ante la ausencia de ese documento, la ex directora ofrece una solución: «Que las que no tenemos certificado del consejo, voy a hacer una cartita modelo que esté solamente sellada por Invercaria, en la que diga: ‘Operación con límite inferior a 450.000 euros'...».

Como en su día no se hizo ese trámite y para evitar cualquier problema ante la inspección de la Cámara de Cuentas, Laura Gómiz insiste: «Es una carta modelo que voy a hacer yo que vamos a poner el sello. Y ya está ¿sabes? y esto es lo que vamos a meter. Del resto, el certificado del Consejo –en aquellos expedientes en las que no se omitió este procedimiento–».

En este punto, el paralelismo con la «trama de los ERE» es grande, toda vez que la Dirección general de Trabajo y Seguridad Social –el centro directivo en el que se tramitaban las prejubilaciones y las ayudas directas a empresas– también tenía autonomía para conceder cantidades inferiores a 450.000 euros. Al pagar a través de la Agencia IDEA, se acogía a los mismos trámites y procedimientos y sólo cuando las subvenciones superaban los 1,2 millones tenían que pasar por el Consejo de Gobierno.
El aspecto más importante de los nuevos expedientes es que las aportaciones hechas a posteriori sirvieran como justificante de la inversión. Laura Gómiz se lo aclara a un empleado de los que participa en este trabajo: «... Bueno, Iactive es anteriormente cuando nosotros la teníamos para que salieran las valoraciones que sean acordes y demás pero.. lo que es la literatura la puedes poner muy parecida. Cambia alguna cosa. Ponle algunos condicionantes y todas esas cosas ...».

El trabajador obediente le da la razón: «No, la verdad es lo que tú dices. Ahora saldrán las incoherencias de lo que haya...».

La reconstrucción de expedientes para meterlos en el nuevo sistema informático no era completa. En otro momento de la reunión, Gómiz da a entender que no existen muchos datos de seguimiento de las inversiones que se hacían –en 2009, de las 39 empresas en las que invirtió la sociedad de capital riesgo, 30 acabaron con pérdidas–. De hecho, señala que «lo del Seguimiento por ejemplo vamos a cogernos y vamos a poner el IPO –Oferta Pública Inicial– del que partimos. O sea, yo metería, metería desde que hemos entrado, vamos a cortar».