Este es mi cortijo

La palabra que encabeza este artículo no es una concesión al tipismo, sino la que mejor explica la realidad del régimen andaluz que hoy, urnas mediante, debe caer. En los cortijos hay señoritos, gañanes y «agradaores», una reproducción casi milimétrica de la sociedad feudal con sus terratenientes, sus siervos y sus bufones. En Andalucía, hay políticos socialistas, hay contribuyentes y hay un aparato propagandístico que bendice el «statu quo». Una estructura perversa que Javier Arenas tendrá que demoler a partir de mañana, si es que recibe tal mandato de los electores.

Durante la primera década de la autonomía, en la edad de la inocencia, la corrupción se tenía por consustancial al gobernante, un viejo vicio del franquismo que el nuevo poder había heredado. Alfonso Guerra, todavía hoy gran ideólogo del PSOE andaluz, lo sintetizó en la fórmula «to par pueblo». El pueblo eran ellos, claro, igual que Luis XIV encarnaba al estado, y bien que lo demostraba el entonces vicepresidente del gobierno cuando movilizaba a un avión militar para llegar a tiempo a La Maestranza. De José Rodríguez de la Borbolla era proverbial su habilidad para manipular marisco. La anécdota, apócrifa, lo retrata en una singladura en «bateau mouche» durante un acto de promoción de la Consejería de Turismo en París, anonadando a la concurrencia mientras pelaba dos langostinos a la vez, uno con cada mano.

El responsable político como amo del cortijo no es sólo una metáfora cuando se alude al Plan de Empleo Rural. La Administración, sobre todo en su versión local, es la «empresa» que más peonadas genera en Andalucía. La fórmula es tan sencilla como eficaz y ha perpetuado la tradición caciquil en las zonas rurales: 35 jornadas de trabajo certificadas por el Ayuntamiento permite el acceso al subsidio durante todo un año.

¿Quién le negaría el voto al alcalde que su firma ese acceso al maná? Esto explica por qué el PSOE ha mantenido el gobierno autonómico durante tres décadas cuando, al menos desde mediados los noventa, ha perdido casi todas las elecciones en las capitales de provincia.

El de Juan Guerra fue el caso fundacional de la corrupción a gran escala, por más que desde los ochenta ya empezaban a llamar la atención algunas operaciones urbanísticas. Los negocios que el hermano del dirigente socialista gestionaba desde un despacho oficial plasmaban la confusión entre lo público y lo privado propia de todo régimen. Las lagunas en la legislación impidieron condenas en los tribunales pero terminaron por costarle el puesto a Alfonso, a quien Juan Guerra se refería como «mienmano».

Pedro Pacheco, alcalde andalucista de Jerez y hacedor de frases memorables, sintetizó en un titular el «caso Ollero», el cobro de comisiones a las contratas que construyeron la red de autovías andaluza. Una de esas carreteras, la A-92, estaba profusamente bacheada y el regidor jerezano explicó el motivo: «El asfalto que falta se lo han llevado metido en los maletines». Había varias consejerías implicadas en la trama con, al fondo, unas nunca demostradas sospechas sobre la financiación del partido. De nuevo, desapareció el dinero sin que ningún responsable político fuese condenado. También salió incólume Chaves tras las comisiones cobradas por su hijo y las subvenciones millonarias concedidas a la empresa en la que trabajaba su hija.

Si, como asegura Griñán, la trama de los ERE es responsabilidad exclusiva de un par de golfantes, estaríamos ante los mayores cerebros criminales de la historia de España. Nadie ha sido capaz de apropiarse de 900 millones de euros sin la asistencia de una gran organización, y mucho menos sin que se haya percibido una gran variación patrimonial, simplemente para fundirse tamaña cantidad de dinero en vicios mundanos. Como poco, los dirigentes del PSOE han pecado por omisión pero la juez que instruye el caso no piensa lo mismo, pues ya ha imputado a un antiguo miembro del ejecutivo regional y amenaza con seguir disparando por elevación.

El debate de la transparencia
José Luis Requero, magistrado
 «Hay una percepción en los ciudadanos mucho más extendida de lo que aparece en los medios, sobre todo, a nivel local, en los Ayuntamientos».

Daniel Portero, Presidente de DYJ
 «La Justicia debe perseguir siempre esta lacra vanidosa de los políticos corruptos, que se quieren enriquecer a costa de nuestros impuestos».