La plantilla de Astilleros roza la «emergencia social»

Sevilla- «La situación es crítica y ya no sabemos a dónde acudir». En estos términos se expresa Joaquín Martínez, secretario del comité de empresa de Astilleros, un mes después de que se hiciera efectivo el ERE extintivo de la factoría. De momento, los últimos 58 empleados no han cobrado las nóminas desde octubre, la paga extra de diciembre ni la indemnización a la que se comprometió la Junta de Andalucía momentos antes de certificarse el cierre de la empresa. Cada miércoles se reúnen en la barriada de El Cano para poner en común las novedades del proceso y las perspectivas de futuro, aunque en las conversaciones cada vez más reina el pesimismo y el hartazgo. «La gente se está buscando la vida como puede, pidiendo ayuda a los familiares y amigos», sostiene Martínez, quien asegura que «muchos ya han encontrado trabajo».

El acuerdo contempla una indemnización de 60 días por año trabajado, así como un compromiso de prioridad en la contratación si se reactiva la factoría. Pero este extremo parece una quimera. «El 13 de septiembre la Junta tiró la toalla definitivamente. Dijo que no encontraba un empresario para que se hiciera cargo del astillero», recuerda. Esta situación, junto a la «ausencia de subvenciones del Gobierno para incentivar la industria naval», suponen la puntilla al sector en la ciudad.

La plantilla estaba enfrascada en la construcción de tres barcos de envergadura, que se encuentran al 80, 60 y 20 por ciento, respectivamente. Ante la paralización de la actividad, el astillero gallego Vulcano se ha interesado por los buques. El traslado de estos barcos a Galicia supondría el «desmantelamiento definitivo de la empresa», subraya Martínez, y el signo visible del fin a más de 60 años de actividad industrial en la capital hispalense.

¿Y cuál es el papel de las administraciones en este proceso? El comité de empresa confió en la Junta cuando se abrió el proceso de negociación para encontrar inversión privada. «Fue la que lideró las conversaciones a todos los niveles, aunque luego reconoció que no consiguió lo que se había propuesto», puntualiza.

Antiguo propietario
Un precedente clave fue la compra del astillero por el antiguo propietario del de Huelva, Rafael Gómez. Su gestión fue «nefasta», tal y como sostiene Martínez. «No vino a Sevilla a hacer empresa, sino a llenarse los bolsillos y desmantelar la factoría», critica.

A final de año, coincidiendo con la firma del ERE, las protestas de la plantilla se recrudecieron. Protagonizaron batallas campales con la Policía, cortaron la carretera de la esclusa y se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento, de la Consejería de Empleo y del Parlamento andaluz. Tras verificarse los impagos, un grupo de empleados acampó frente a la Cámara autonómica para hacer permanente su protesta.
Entonces, se reunieron con varios parlamentarios, como el socialista Ramón Díaz, el popular Jaime Raynaud, el coordinador regional de IU Diego Valderas y la secretaria general del PA, Pilar González. Todos mostraron su preocupación por la gravedad de la situación y se comprometieron a instar a las administraciones a buscar una alternativa que satisfaga los intereses del colectivo. Incluso el diputado de IU en el Congreso, José Luis Centella, llevó a la Cámara baja una moción en defensa de los ex trabajadores. «Tenemos constancia del compromiso de los partidos políticos, pero es necesario pasar ya de las buenas intenciones a la acción», puntualiza Martínez.

No obstante, la situación sigue en los mismos términos y muchas familias rozan la emergencia social. El comité de empresa plantea ahora un nuevo calendario de movilizaciones porque el Gobierno andaluz «ya ni nos informa de los plazos y rehúye los compromisos que adquirió».

Fin del trayecto
- La factoría de Astilleros abrió en 1953 y en los momentos de más actividad, en los años 80, llegó a tener más de 5.000 trabajadores.

- El pasado 24 de noviembre los administradores concursales y los trabajadores alcanzaron un acuerdo sobre el ERE. Los contratos quedaron extinguidos el 31 de diciembre.

-El acuerdo contempla una indemnización de 60 días por año trabajado. La plantilla aún no ha recibido ninguna cuantía.