Tomás Olivo: «A Roca le realicé pagos cuando era mi empleado»

MÁLAGA- Ni era socio del presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ni le pagó nada una vez dejó de ser su empleado en 1978. Esto es lo que declaró ayer el empresario Tomás Olivo, acusado en el «caso Malaya», además de intentar explicar las cantidades anotadas a su nombre en archivos intervenidos, como 600.000 euros que atribuyó a una comisión a Roca por intermediar en una operación, cantidad que se compensó por una deuda que el principal acusado tenía con él.

«Yo al señor Roca los pagos que le realicé se los hice, cuando era empleado mío», aseveró Olivo, promotor de La Cañada, que comenzó a testificar ayer, dentro del último bloque del juicio contra la presunta trama de corrupción. Así, insistió a lo largo de su comparecencia en que dejó de pagar a Roca «en los años 77 o 78».

En relación con los mencionados 600.000 euros, el acusado explicó que vendió una parcela en diciembre de 2001 a la empresa Condeor, que después supo que era de Roca, y que le «dejó una deuda de 148 millones de las antiguas pesetas –889.497 euros–». Un año después, según dijo, el principal acusado intervino en una operación en la que Olivo vendió un terreno en Córdoba a otro procesado, fijándose la comisión para Roca en un cuatro o cinco por ciento.

«Esos 600.512 euros supongo que son esa comisión que yo le dije al señor Roca que se diese por compensado de los 148 millones de pesetas que me debía», adujo el empresario, quien recordó que acudió a los juzgados de Marbella de forma voluntaria cuando se inició la investigación del «caso Malaya», al conocer que se le estaba investigando.

Presentó documentos de la venta a Condeor «para demostrar que aún me siguen debiendo dinero». Y sobre la anotación de 1,8 millones de euros, relativa a la compra de un edificio en Puerto Banús, expuso que el precio total fue algo más de siete millones de euros que pagó al representante de la empresa, vinculada a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, con cheques y con esa cantidad en metálico.

En ese sentido, proclamó que «nadie tiene por qué seguirle la pista al dinero que paga» en cualquier compraventa u operación.

Olivo mantuvo que muchos de los procesados «están arruinados, yo también prácticamente, pero un poco menos que ellos». «Estamos todos machacados a lo largo de estos años», señaló para añadir: «Hemos cumplido la pena de la imputación, la pena de estar procesado, la de estar en los calabozos, la pena de los medios y el desprestigio que hemos tenido nosotros y las empresas; y ahora de banquillo, que llevamos un año», lamentó.

El empresario afirmó que logró licencias para la ampliación de La Cañada, que «en el orden contencioso no han sido suspendidas ninguna de ellas», pero por llevar «la marca de Malaya», no ha podido comercializarlas y «he dejado de generar 1.500 empleos».