Otra juez afirma que la plantilla del SAE puede cubrir los encargos a Faffe

El sector público andaluz sigue presente en los tribunales. La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla dictó en junio la suspensión cautelar de una encomienda de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para la explotación de datos derivados de la gestiónde la formación de oferta dirigida, de forma prioritaria, a trabajadores ocupados.

Una decisión que, según asevera la propia juez en su auto, no perturbará los intereses generales «puesto que las funciones encomendadas a Faffe, venían siendo realizadas por los funcionarios adscritos a la Consejería de Empleo y más concretamente al SAE». En ese sentido, precisa además que «la no adopción de medida –no suspender el encargo de trabajo– haría perder la finalidad legítima al recurso puesto que los trabajadores de la Faffe ejercerían potestades públicas en la ejecución de la encomienda, lo que hace que la situación fuera difícilmente reversible».

En ese sentido, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), Juan Romero, aseguró a LA RAZÓN que «como el Gobierno andaluz sigue entregando trabajos nuestros a estas entidades, nosotros continuaremos acudiendo al amparo de la Justicia para evitarlo». Defiende que «todo su personal debe acceder a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales». De no ser así, «el Gobierno autonómico estará defraudando a todos los opositores andaluces en su derecho a conseguir un puesto de funcionario en igualdad de condiciones, además de a la carrera administrativa de los existentes, al quitarles trabajo y plazas en los concursos de méritos y en su procesos de promoción interna», mantiene.

Con la misma contundencia, Romero agradece al poder judicial «su valentía» al «anular cautelarmente encomiendas de gestión desde la Administración de la Junta a sus fundaciones, mercantiles y agencias para evitar ilegalmente que esos trabajos los realicen sus propios funcionarios».

En ese punto, el sindicalista recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado ya dos autos de suspensión cautelar, a instancias del Sajfa, lo que provocó la paralización de entregas de trabajo a la empresa pública Sadesi y a la Agencia IDEA. La organización liderada por Romero ha recurrido, por ahora, seis encomiendas de diversas consejerías. Una de Medio Ambiente a Egmasa, otra de Igualdad a Fadais, dos a Faffe, una del SAE y otra de Empleo; la quinta de Gobernación a Egmasa y la sexta de Justicia a Sadesi.


La reforma del sector público: «mero maquillaje»
«Una medida de mero maquillaje numérico ante la opinión pública». Así define el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) el decreto-ley de reordenación del sector público regional del Gobierno autonómico. «Lo han presentado como una medida de ahorro –argumentan fuentes de la organización–, pero sin concretar qué gastos recorta. Eso sí, por una parte cuela a todo el personal de su ‘Administración paralela' en la función pública y, por otra, reubica a todos los directivos afectados por tal medida». En opinión de este sindicato, «el Ejecutivo andaluz quiere dar una imagen de reducir su entramado de empresas, fundaciones y agencias, pero sin decirnos que a la vez reduce el presupuesto con el que cuentan las mismas». El presidente del Safja, Juan Romero, tiene claro que «los funcionarios afectados por este nuevo ‘decretazo' se quedan en la más absoluta inseguridad jurídica y, sin embargo, el personal de ese entramado está festejando públicamente en sus puestos de trabajo este decreto-ley». «Será –añade– porque se ven dentro de la función pública andaluza, cuando nuestro Estado de Derecho dispone que el acceso a la misma se ha de llevar a cabo en igualdad de condiciones, por mérito y capacidad y, por supuesto, con publicidad», proclama. Romero estima que ese colectivo de personal laboral eventual está integrado por unas 30.000 personas y defiende que éstas ven en la reordenación su consolidación futura en la Administración autonómica.