El Ayuntamiento está en «quiebra técnica» con 31 millones de déficit

Si el Ayuntamiento fuera una empresa privada, habría que hablar de suspensión de pagos, concurso de acreedores y términos similares. Pública o particular, un déficit de más de 31 millones de euros en una entidad supone la «quiebra técnica». Esto conlleva que en el próximo Pleno, según el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, el Gobierno municipal «tiene la obligación de llevar una macromodificación presupuestaria para reducir millonariamente los gastos para este año», según informó ayer el PP en base a los datos de la Intervención municipal, sin computar las empresas locales y los organismos autónomos. El Plan de Reequilibrio de la Consejería de Hacienda también tendrá que ser rediseñado, contabilizando el déficit.

Si el Ayuntamiento aduce que la modificación de las cuentas no es posible por afectar a la prestación de servicios públicos esenciales, el Presupuesto de 2011 tendrá que contemplar un superávit inicial similar a la deuda, lo que –unido a que el próximo año hay que empezar a pagar los intereses de los créditos de refinanciación y que no pueden subrogarse por Ley– hipotecará, nunca mejor dicho, al Gobierno entrante tras las elecciones municipales.

Incremento del pasivo
Del remanente de tesorería (la acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores) se deducen los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación y permite conocer los recursos del Ayuntamiento para financiar gasto o déficit. En 2003, el remanente ascendió a 71.642.792,63 euros. En 2008, sólo 375.966,41 euros. En 2009, el remanente se situó en -31.433.393,92 euros; lo que supone que en un año se ha producido un incremento de la deuda de 31,4 millones y en dos mandatos «se han comido» 103 millones.

El resultado presupuestario de 2009 (la diferencia entre lo que se ha ingresado o se debería y lo que se ha gastado o se tiene la obligación de pagar) arroja -5.369.339,56 euros. En 2008, era de 23.563.551,27 euros, casi cinco millones más que el año anterior. En 2003, el segundo mandato de Monteseirín, ya con Torrijos, el resultado presupuestario fue de 38.160.056,74 euros. Estas cifras, no incluyen el déficit arrastrado de años anteriores, al tratarse del ejercicio corriente, aún sin cerrar. En este apartado, «se puede apreciar si una gestión ha sido prudente, responsable y eficiente», es decir, si hay equilibrio entre «lo que entra y sale de la caja».

Los números cantan y, en el caso del Ayuntamiento, con un alcalde que alardea de «osadía» –como recordó el portavoz popular Juan Ignacio Zoido– reflejan la «temeridad» y «la tremenda irresponsabilidad» del Gobierno local con el dinero público, «ignorando los avisos de la Intervención municipal y del PP», que calificó las cuentas de 2009 como «el cuento de la lechera, con las estimaciones de ingresos manipuladas» para cuadrar los números.


El Consistorio habla de «un exceso de financiación» por las ayudas
Lo que el PP denomina «bancarrota» para el Ayuntamiento es «una gestión rigurosa» provocada por «un exceso de financiación proveniente del Plan 8.000 y del Proteja, que la normativa obliga a minorar del cálculo del presupuesto» y nunca «mala praxis». «Si se eliminan ambos planes, el resultado presupuestario ajustado sería positivo», con «un nivel de ejecución del 95% en el caso de los ingresos corrientes y del 56% en el caso de los derechos reconocidos de capital, como consecuencia fundamentalmente de la frustrada enajenación de los locales del mercado del Arenal». El Consistorio admite el déficit en el remanente de Tesorería, que explicó por «la bajada en los ingresos previstos del Estado –33 millones menos–, los saldos de dudoso cobro –más de 45 millones– y el exceso de financiación del Plan 8.000 y Proteja». Por su parte, el PP subrayó que la situación es más dramática, considerando que falta el Informe de Estabilidad Presupuestaria (sobre todo, los datos de Tussam y Lipasam) y las facturas a proveedores por valor de ciento de miles de euros que permanecen en cajones de los distritos y se manifiestan, después, en forma de reconocimiento de crédito.