El TPI condena a 14 años de cárcel a Lubanga

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado a 14 años de cárcel al antiguo señor de la guerra Thomas Lubanga Dyilo, quien el pasado mes de marzo fue declarado culpable de crímenes de guerra en relación con el reclutamiento de niños soldados en la región de Ituri, en el noreste de la República Democrática (RDC). Se trata de la primera sentencia en los diez años de historia del Tribunal de La Haya.

Por unanimidad, los tres jueces de la sala primera dictaminaron el pasado 14 de marzo que había pruebas suficientes para establecer que la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) y su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC) --ambos fundados y comandados por Lubanga--, habían reclutado a niños y niñas soldados "menores de quince años"para obligarlos a "participar activamente en las hostilidades"entre el 1 de septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003.

El caso de Lubanga, nacido en 1960, había sido denunciado y remitido al TPI en abril de 2004 por el propio Gobierno de la RDC. El antiguo señor de la guerra fue capturado en marzo de 2005 y trasladado en mayo de 2006 a La Haya, tras un periodo de encarcelamiento en Kinshasa, en cumplimiento de una orden de arresto de la Sala de Instrucción Primera del TPI.

En agosto de 2006 fue acusado de crímenes de guerra. El proceso comenzó en enero de 2009 y concluyó en agosto de 2011 con la exposición de las conclusiones orales de las dos partes. Lubanga se había declarado inocente y había asegurado que era un político y no un señor de la guerra.

Thomas Lubanga ha sido la primera persona acusada en relación con los conflictos en la República Democrática del Congo y el primer detenido en cumplimiento de una orden del TPI. Su caso también ha sido el primero en llegar a juicio en el Tribunal de La Haya.

Según los fiscales del TPI, Lubanga, en su doble condición de líder de la UPC (fundada por él en 2002) y comandante en jefe de su ala militar, "está acusado de reclutar a menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003". Los fiscales le acusaban también de reclutar a niños de hasta nueve años de edad para ejercer como escoltas o como esclavos sexuales.

Los hechos juzgados se remiten al conflicto que sufrió la región de Ituri entre 2002 y 2003, que enfrentó a las milicias del FPLC, próximos a la comunidad étnica Hema, con el Ejército Popular Congoleño (APC, brazo armado del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia-Movimiento de Liberación, RCD-ML), y con las milicias de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, comandadas por miembros de la comunidad Lendu.

El conflicto, que adquirió matices de lucha intertétnica, fue utilizado realmente desde finales de los años noventa por los distintos grupos rebeldes, las fuerzas del Gobierno y las potencias extranjeras --en especial Ruanda y Uganda-- para hacerse con esta región rica en oro, petróleo, coltán y diamantes.

En este contexto, Lubanga, un comerciante de la etnia Hema, se convirtió en cabecilla ('rais', líder supremo) de los suyos. Tras un breve periodo de participación en el Gobierno de concentración de Kinshasa, Thomas Lubanga se alzó de nuevo en armas en agosto 2002 contra la comunidad Lendu y contra los extranjeros al frente de la recién creada UPC, que en esta primera fase contaba con claro apoyo militar de Uganda.

Fue por entonces cuando empezó el reclutamiento masivo de niños en las filas de la UPC, cuyos milicianos exigían la implicación de todos los miembros de la etnia Hema, sin importar sexo ni edad. Según los jueces, Lubanga Dylo y sus correligionarios elaboraron "un plan conjunto"para "formar un ejército con el propósito de establecer y mantener el control político y militar de Ituri", para lo cual "reclutaron a niños y niñas menores de quince años"con el objetivo de hacerles "participar activamente en las hostilidades".

El juicio contra Lubanga duró 204 días, durante los cuales el TPI escuchó a 36 testigos de cargo y a tres expertos presentados por la Fiscalía, así como a 24 testigos de la defensa y a otros tres testigos propuestos por los representantes legales privados de las víctimas presentes durante el proceso.

También se han escuchado los testimonios de 129 víctimas, representadas por dos equipos de abogados. La acusación presentó 368 elementos de prueba, la defensa presentó 992 y los representantes legales de las víctimas aportaron trece.