OPINIÓN: España país cangrejo

Como si de una cruel broma del destino se tratase, justo en los días transcurridos entre el anuncio de Alfredo Pérez Rubalcaba de reducir los límites de velocidad invocando poco menos que razones de alarma nacional (¿no nos recuerda a algo?) y su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado este sábado, dos de nuestros socios europeos anunciaban un camino opuesto para afrontar la crisis, en lo relativo a este asunto. Por un lado, Holanda ponía en marcha una subida de sus límites en autopista de 110 a 130 kilómetros por hora, mientras que, en el Reino Unido, su ministro de Transportes anunciaba una profunda revisión de la política de seguridad vial que incluirá elevar los límites en las vías de alta capacidad de 70 a 80 millas por hora o, lo que es lo mismo, de 112 a 128 kilómetros por hora. Medidas destinadas a impulsar la economía por la reducción de tiempos de desplazamiento y consiguiente mayor productividad.

Aquí, el Gobierno ilustra gráficamente con su decisión de volvernos más lentos lo que está haciendo con el país: pararlo.

La medida oculta, también, una preocupación de Rubalcaba por el agotamiento de la política de seguridad vial basada únicamente en la represión (sostenido repunte de la siniestralidad), consistente en el endurecimiento dosificado de la mano dura sobre el conductor, obviando lo que en otros países de nuestro entorno se considera clave, como la educación, la formación, las infraestructuras y la asistencia al accidentado.

Con todo, la improvisación de la medida deja no pocas puertas abiertas a unos cuantos embrollos legislativos y jurídicos, puesto que los límites de velocidad no pueden cambiarse por decreto si no es para mejorar la seguridad vial. ¿Y sobre la provisionalidad? Casi nadie se cree que volvamos a los 120 en los cuatro meses prometidos. Está todo aún por decir.