Rumanía achaca a «tradiciones oscuras» el caso de la niña-madre

Mónica Stirbu, la cónsul rumana en Sevilla, manifestó ayer a LA RAZÓN que el caso de la menor, de etnia gitana, forma parte de «tradiciones ancestrales oscuras de Rumanía» y aseguró desconocer cuánto tiempo lleva residiendo en España. La única constancia que tiene el consulado de la presencia de Elena en nuestro país es de agosto de 2010, cuando la niña solicitó la renovación de su pasaporte.

Stirbu, que aseguró desconocer detalles de la familia de la menor, que al parecer es extensa, tan sólo detalló que se ha dirigido a ella para informarle de la posibilidad de inscribir gratuitamente al recién nacido. La cónsul negó que casos como éste sean habituales en el país del Este. De hecho, hizo hincapié en que Rumanía «es un país muy estricto en la protección de menores y el Código Penal sanciona con dureza que se pueda contraer matrimonio antes de los 18 años» (sólo está autorizado a los 16 para casos excepcionales). Mientras, la embajada de Rumanía en España no para de recibir quejas de rumanos instalados en España lamentando las declaraciones de la familia de la menor, quien trató de revestir de normalidad el caso al asegurar que «a esas edades (los 10 años) nos casamos en Rumanía». Una portavoz de la embajada rumana confirmó que «es un caso excepcional». Mientras, nadie sabe todavía la realidad de esta familia para poder valorar si madre y niño se encuentran en situación de riesgo. De hecho, la Junta de Andalucía informó ayer de que la investigación sobre la historia y el entorno familiar de Elena continúa. De momento, ya se sabe que no está escolarizada ni empadronada en Lebrija (Sevilla), pueblo en donde vive, y que no ha recibido asistencia médica durante los meses de gestación.


Un hogar de 60 metros «habitable»
Los servicios sociales del Ayuntamiento lebrijano han realizado una inspección ocular en la vivienda situada en la calle Tejar y han concluido que las condiciones de salubridad y habitabilidad «son buenas», pese a que no pueden determinar el número de personas que viven en un piso de no más de sesenta metros cuadrados. La Consejería de Igualdad insistió ayer en la cautela que hay que tener con este tipo de casos, porque «hay mucho datos contradictorios». Ha pedido ayuda al consulado.