La Fiscalía salva de la cárcel a siete de los ocho imputados por el «caso Limusa»

Lo cierto es que la vista oral que tuvo lugar ayer sirvió para poco más que corroborar el acuerdo que habían alcanzado días atrás los abogados defensores y la Fiscalía. Los principales beneficiarios de la actitud excesivamente laxa que ejerció el fiscal encargado de solicitar la depuración de responsabilidades por la supuesta trama de corrupción, Juan Pablo Lozano, fueron los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles y el ex alcalde de Lorca Miguel Navarro. Éste último guió los designios políticos de la ciudad del Sol entre 1993 y 2006, año en el que se decidió a presentar su dimisión.

Navarro se consideró en su día como el «cómplice» necesario para que la trama del «caso Limusa» se llevara a cabo. Especialmente llamativo resultó ayer la celeridad con la que el ex primer edil lorquino abandonó los juzgados cuando el juicio todavía se estaba llevando a cabo. Sin embargo, el acuerdo entre su defensa y el fiscal Lozano se culminó en tiempo record. En opinión de la Fiscalía, las acusaciones que se encontraban sobre las personas de Franco, Córcoles y Navarro no se debían llevar a cabo porque «han prescrito». En un escalafón inferior a los nombrados, pero no por ello menos beneficiados resultaron el ex consejero de Limusa, Bartolomé Soler; el ex concejal del consistorio del Ayuntamiento de Lorca, Jesús Molina y el interventor municipal Francisco Javier Poyato.

Todos ellos aceptaron sin presentar una oposición de enjundia las nuevas penas solicitadas por la acusación estatal. A la salida de los juzgados, Soler perseveró en su inocencia y animó a todo el Partido Socialista de la Región a «reflexionar». Aún así, el ex diputado del PSRM no pudo evitar que se retiraran contra su persona las acusaciones de «mobbing» que sostiene el abogado Ricardo Mateos, encargado de la defensa del ex empleado de Limusa, Jacinto Parra, que fue el encargado de destapar todas las supuestas corruptelas que se estaban llevando a cabo con los caudales públicos de la empresa de limpieza lorquina.

Los que quedaron ayer en una situación más delicada fueron el ex gerente de Limusa, Francisco Gil Eguino; y su ex esposa Ofelia González, si bien es cierto que la «benevolencia» del fiscal Lozano hizo que la retirada de la acusación que se encuentra sobre González quede supeditada al reconocimiento de los hechos por parte de su ex marido Eguino, ya que, en opinión de la Fiscalía, el papel que desempeñó González dentro de la presunta trama no fue más allá que la de actuar como mera subordinada de su esposo. Por otra parte, la situación de Eguino es la más delicada, puesto que es el único que corre serio riesgo de entrar en prisión. El resto de los acusados, eludirán la prisión ya que se le impusieron penas de menos de dos años de cárcel y carecían de antecedentes penales.

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El «caso Limusa», cuya vista oral dio comienzo ayer y se continuará el próximo 6 de julio a petición expresa del abogado de Eguino por la modificación introducida en la acusación de su defendido, para la que solicitó un «tiempo» para estudiar las novedades y rearmar su estrategia de defensa, investiga una presunta trama de corrupción en la que supuestamente se invirtieron cantidades del erario público en contratar los servicios de prostitutas en la casa de citas «La Casita» de Sevilla, según refleja el sumario sobre el caso.