Los deberes de España

MADRID- Han sido muchas las voces que han venido reclamando a España esta semana la necesidad de acelerar y profundizar en las reformas. Los mercados siguen vigilando a nuestro país de forma «muy estricta», señaló el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, justo tres días antes de que la prima de riesgo alcanzara los 285 puntos.

Los riesgos que afronta nuestro país «son considerables y a corto plazo las condiciones financieras podrían deteriorarse más», apuntó el FMI en su revisión anual de la economía española. A juicio del organismo internacional, «el saneamiento está incompleto», por lo que, lejos de relajar el impulso reformista, España debe «seguir reforzando la consolidación fiscal, complentar la reestructuración del sistema financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado de trabajo y continuar con la agenda de reformas estructurales».

En el ámbito laboral, al FMI le ha parecido «poco ambiciosa» la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno ha aprobado por decreto ante la falta de acuerdo de los agentes sociales. Lo que pide el FMI en este aspecto se aleja mucho de lo aprobado por el Gobierno, una reforma tibia con la que ha querido contentar a sindicatos y empresarios y que, finalmente, no ha recogido la promesa que Zapatero hizo a sus socios europeos en marzo –dentro de los principios que recogía el Pacto por el Euro– que era ligar los salarios a la productividad.

Techo de gasto
El capítulo del déficit de las comunidades autónomas ha merecido un capítulo especial. Tanto el FMI como el Banco de España piden un mayor control sobre sus cuentas y que las publiquen mensualmente, además se seguir las reglas de control del gasto. Pero el Gobierno se muestra reticente a fijar un techo de gasto a las comunidades autónomas, aunque sí lo ha hecho para el Estado.

El Gobierno se comprometió con Europa a realizar otras muchas reformas que de momento no ha llevado a cabo. Una es la liberalización de los servicios profesionales, una recomendación que ya hizo el FMI en 2008 y 2010 y que Zapatero incluyó en la Ley de Economía Sostenible con el compromiso de tenerla lista antes del 30 de junio. Según un informe que elaboró Presidencia del Gobierno, España es uno de los países europeos con más profesiones reguladas y regulación más restrictiva. Existen unas 192, de las que más de una quinta parte sólo lo están en España y más de dos tercios, en menos de seis países de la UE.

Impacto positivo
El Gobierno reconoce en su informe que la mejora del marco regulatorio del sector tendría un impacto del entorno de 0,7% del PIB potencial a largo plazo. Se trata de una reforma estructural de «gran calado», ya que es un sector relevante para la economía española que supone casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario.

Otra reforma con la que se comprometió el Gobierno ante los grandes empresarios en la reunión mantenida en Moncloa el 26 de marzo y que tampoco ha llevado a término es la reducción de restricciones en los horarios comerciales. Mientras que los pequeños comercios disfrutan de total libertad de apertura, los grandes establecimientos (a partir de 2.500 metros cuadrados) sólo puede abrir un máximo de 12 domingos al mes. Pero al ser una competencia transferida, cada región fija su reglas.

Otro de los deberes pendientes del Gobierno es la eliminación de la morosidad de las administraciones con las empresas. Recientemente, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado, afirmaba que casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas que han cerrado durante los últimos tres años lo han hecho víctimas de la falta de financiación y el retraso o impago por parte de las administraciones. Los plazos de pago a sus proveedores alcanzan en algunos casos los 500 días.

Destrucción de empresas
El presidente de Cepyme señaló que del 13% del tejido empresarial desaparecido en los tres últimos años la mitad (230.000) ha sido destruido por la morosidad y la falta de crédito. El 18 de junio de 2010 el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Morosidad, que fija que las administraciones tendrán hasta 50 días de plazo para pagar sus facturas en 2010; 50 en 2011, 45 en 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013. Sobre los efectos de esta ley, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Sebastián Reyna, señaló a este periódico que hasta ahora los plazos de pago «no se están cumpliendo». Según sus estimaciones, las administraciones locales adeudan 10.000 millones a autónomos y empresas de menos de seis trabajadores.

Las reformas que pide la patronal de los empresarios, CEOE, son, a su juicio, «políticamente incorrectas», por lo que sabe que el Gobierno «no las adoptará por su coste electoral». Los empresarios de Madrid piden por ello que se adelanten los comicios.

LA LISTA DE TAREAS
Evolución de las promesas del Gobierno a UE y empresas
1.- Liberalización de los servicios
El Gobierno se comprometió a presentar antes del 30 de junio un proyecto de ley. Todavía no lo ha hecho.
2.- Libertad de horarios para los comercios
 Zapatero se lo prometió a los empresarios. Pese a circular textos, aún no hay normativa estatal al respecto.
3.- Reestructuración del sector financiero
El Gobierno dice que estará lista el 30 de septiembre. De momento, cuatro cajas ya han anunciado su salida a Bolsa.
4.- Reforma de la negociación colectiva
El PSOE logró aprobarla con el apoyo nacionalista, pero disgusta a sindicatos y empresas. Todos creen que no creará empleo.