El Gobierno prepara un paquete de reformas tras lo acordado en la UE

MADRID- «Cuando el Gobierno tome las decisiones se las comunicaremos inmediatamente». Con esta idea despejaron ayer tanto el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, todas las preguntas sobre los futuros ajustes que pondrá en marcha el Ejecutivo y sobre su calendario de aprobación. IVA, reforma administrativa y cambios en la Función Pública (reorganización de funciones, jornada laboral, complementos, días libres…) son algunas de las medidas sobre las que el Gobierno hace cálculos. El Ejecutivo no quiere adelantar escenarios porque está en la fase de definición del nuevo paquete legislativo. Hasta ahora, además, ha utilizado el silencio sobre su hoja de ruta como un arma más de negociación con las instituciones comunitarias. En Moncloa sostenían que había que aguantar el pulso siempre, eso sí, bajo el discurso de que el Gobierno mantenía su compromiso de cumplir con el déficit. Ahora bien, si no se movía Bruselas, ellos tampoco iban a hacerlo. Las dos fechas claves eran el Consejo Europeo y también la firma del Memorándum sobre el rescate financiero, prevista para la reunión del día 9 del Eurogrupo.

Tanto al presidente del Gobierno como a la vicepresidenta se le preguntó ayer por recomendaciones concretas de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI), como la citada subida del IVA o la rebaja del sueldo de los funcionarios, y no confirmaron que se vayan a ejecutar, pero tampoco descartaron que puedan ponerse en marcha. «Si hay algo se lo comunicaremos oportunamente. Y si no lo hay, no se lo comunicaremos», contestó Rajoy ante la insistencia sobre si incrementará impuestos como el IVA.

El único calendario oficial, de momento, es el que establece que en julio se fijará el techo de gasto, que servirá de base para el plan bianual de ajuste presupuestario que ha exigido Bruselas; y que en septiembre echaran a andar los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Como informó este diario, el Gobierno prevé adelantar a julio el anuncio de nuevos ajustes, pero todas las piezas del puzzle no están encajadas y por eso los plazos siguen abiertos. En cualquier caso, el debate está ya más en esos plazos, en qué iniciativas verán la luz antes o después del verano, que en si habrá nuevos ajustes.

Desde el Gobierno se subraya la «intensa» agenda reformista que han desarrollado desde el inicio de la Legislatura. «Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que el saneamiento presupuestario y la consolidación fiscal son la base para la recuperación económica y la creación de empleo», sostienen.

Entre esas reformas ya aprobadas está la del mercado laboral, que, de todas las que han pasado por el Consejo de Ministros en estos seis meses, ha sido la mejor valorada en Bruselas; la Ley de Estabilidad Presupuestaria –por primera vez en democracia las comunidades no incrementaran sus gastos sino que tendrán que recortarlos y en una cantidad muy considerable–; las dos reformas financieras; la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC; la subida del IRPF; el mayor ajuste del gasto público de la democracia; o la reforma del gasto sanitario y en educación. Rajoy sostiene que estas actuaciones son las que han evitado que España haya sido ya intervenida y también entiende que son el aval que le ha permitido «plantarse» ante sus socios comunitarios y conseguir traerse buenas noticias del decisivo Consejo Europeo que ayer concluyó.

Por delante sigue quedando un camino muy complicado. «Estamos en el camino correcto para salir de la crisis. Pero seguiremos trabajando porque queda mucho camino por hacer», señaló en su comparecencia en Bruselas al terminar la reunión de jefes de Gobierno. Es inminente, por ejemplo, la presentación de la reforma administrativa para eliminar duplicidades de competencias, y que afecta, principalmente, al ámbito local. Y también está muy avanzada la antes mencionada reforma de la Función Pública. Además, el Gobierno tendrá que gestionar el problema que supone que cada vez sean más las comunidades que no pueden financiarse en los mercados, pero para eso necesita antes que baje la prima de riesgo y que el coste de financiación del Estado vuelva a cotas del 4 o 5 por ciento.