Un modelo para fortalecer y no desintegrar la nación por Gabriel Elorriaga

Antes de aprobarse la Constitución de 1978, España era uno de los países más centralizados de Europa. Hablar de reparto político del poder en un régimen no democrático es una contradicción, pero incluso si nos fijamos sólo en dónde se toman las decisiones de gasto público podemos comprobar que hasta que arrancó la democracia la práctica totalidad de los recursos públicos se distribuían desde los órganos centrales de la Administración pública. El Título VIII de la Constitución vino a cambiarlo todo. Pero lo hizo sin definir un modelo concreto de descentralización, sino que simplemente fijó algunas reglas de funcionamiento que permitirían seguir dando pasos en el futuro. Nuestra Carta Magna no exige que las comunidades autónomas existan, simplemente lo permite. Tampoco estableció que todo el territorio tuviese que estar integrado en comunidades, ni cuáles habían de ser éstas. Por supuesto, no establece sus competencias y apenas habla de su financiación. Todos estos aspectos clave que hoy nos parecen parte esencial del sistema han sido aprobados en un largo proceso que nos ha tomado ya casi 35 años. En la primavera de 1983, se aprobaron los últimos estatutos de autonomía. Se había materializado así una de las opciones posibles: 17 comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla, dejaban todo el territorio nacional integrado en una nueva estructura de gobierno regional nunca antes conocida en la historia de España. Pero el modelo de los años 80 difería mucho del actual. La asimetría fue su característica más acusada. Unas comunidades llamadas históricas con todas las competencias – Educación, Sanidad, etc. – y otras con apenas contenido. En 1992, llegó el acuerdo que soporta el esquema actual: Felipe González como presidente del Gobierno y José María Aznar como líder de la oposición, firmaron unos pactos que optaron por igualar a todos, por homogeneizar el modelo, un trabajo que se hizo durante el mandato del segundo. Entre 1996 y 2004, la primera etapa de gobierno del PP, se transfirieron a las comunidades más empleados, recursos y competencias de lo que nunca, antes ni después, se ha hecho. La experiencia nos ha hecho ver, poco a poco, que en el modelo abierto inicial había algunas carencias importantes. No fue posible considerar el gran impacto que la integración en la UE tendría en 1986 sobre la distribución de competencias y la política regional. Tampoco fue posible prever lo lejos que llegarían las competencias de CC AA, ni las dificultades que se plantearían para aprobar un sistema de financiación adecuado. Por último, un exceso de buena fe hizo pensar a muchos que tras tan intensa descentralización política y económica las demandas nacionalistas se verían satisfechas. Lejos de apaciguar a los más radicales, la realidad ha demostrado la insaciabilidad de quienes simplemente no quieren renunciar a nada, sólo pretenden utilizar en su provecho las bazas que les puedan dar sus adversarios. El modelo se encuentra agotado y reclama una profunda reforma. A la crisis económica que ha revelado los pies de barro del esquema regional se suma una crisis funcional fruto de la complejidad del modelo y una profunda crisis política fruto de las reiteradas deslealtades. La urgencia hoy es alcanzar un gran pacto nacional que haga posible una reforma ordenada del modelo, que permita mantener un modelo descentralizado que se adecúa bien a la realidad de España, pero que debe ser económicamente viable y servir de elemento de integración y fortalecimiento, no de vehículo para su desintegración. Habrá quien piense que ya son muchos los problemas que se acumulan, que en tiempos de crisis no es prudente abrir debates complejos. Sin embargo, me alíneo inequívocamente con quienes consideran lo contrario, es decir, que sólo las grandes crisis abren al camino a las grandes reformas, que los problemas deben afrontarse con actitudes ambiciosas y constructivas, nunca meramente defensivas. El Estado autonómico ha cambiado España para siempre. La vuelta atrás no es posible ni deseable, pero quienes tenemos la ambición de superar los grandes obstáculos debemos saber que sólo afrontando reformas a la altura de las dificultades existentes será posible construir un futuro mejor.