El TSJ de Valencia reclama a Pedreira los documentos del «caso Gürtel»

Pedreira se inhibió el pasado 9 de septiembre en favor del TSJ valenciano de la parte de la citada causa que afecta a Valencia. Sin embargo, hasta el momento, no ha remitido la citada documentación, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Ante esa situación, el tribunal superior de Valencia ha remitido un escrito, firmado por su todavía presidente, Juan Luis de la Rúa, al juez Pedreira, en el que pide que se le envíe todo lo que mantiene este tribunal en relación con Valencia, «previo a la admisión de la competencia» respecto a la inhibición planteada por Pedreira.

Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la querella contra Garzón por haber ordenado grabar en prisión a Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, que decida sobre las diligencias solicitadas por la defensa, entre otras la declaración del propio querellado y la del propio Pedreira, antes de resolver el recurso contra el auto por el que entendía que había motivos suficientes para juzgarle por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales. Lo contrario, asegura el Ministerio Público, podría causar «indefensión» al juez.

Además, la acusación ejercida por Pablo Crespo solicita en su escrito de conclusiones provisionales 15 años de inhabilitación, por un delito de prevaricación en concurso con otro contra las garantías constitucionales, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas; mientras que las de Correa y el abogado Ignacio Peláez reclaman 17 y 10 años de inhabilitación, respectivamente. Todos ellos se han opuesto al recurso presentado por Garzón.

Francisco Correa, en el escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, se opone frontalmente a que Garzón declare nuevamente como imputado en la causa. Igualmente, considera innecesario que testifique el juez Pedreira, ya que no podrá aportar ningún dato relevante sobre los hechos. La defensa de Correa cree que el magistrado ordenó esas grabaciones «con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos», con el objeto de conseguir «con ventaja cualquier información relevante para la causa» y «datos reservados para favorecer el éxito de la información».

Por su parte, el abogado Ignacio Peláez destaca que la resolución de Garzón «presume, sin más detalle, que todos los abogados personados en la causa y los que pudieran comunicar con los internos podrían actuar de enlace con la organización» delictiva que estaba investigando.