Debate pero en los tribunales

Los de Tomás Gómez esperaban contar también con Matilde Fernández entre los siete miembros de este organismo pero la entrada de la formación magenta en la cámara autonómica dió al traste con todas las cuentas que se había hecho el PSM para colocar a los suyos. «UPyD ha decepcionado a sus votantes desde el primer día», declaró un enfadado Gómez que, lejos del debate parlamentario, se estrenó como portavoz de su grupo anunciando en los pasillos que recurrirá al Tribunal Constitucional la votación de los integrantes de la Mesa porque, consideró, se ha roto con la «paridad y la proporcionalidad de la cámara». Los socialistas interpondrán un recurso de amparo porque «se ha vulnerado el reglamento de la Asamblea», explicó Gómez al que, uno tras otro, contravinieron, minutos después, sus homónimos en Izquierda Unida y UPyD.

El voto de los representantes regionales en el Parlamento de la Comunidad de Madrid es nominal y el resto de grupos pordrán acogerse a esta circunstancia si la demanda sale adelante. Pero es que, además, el grupo que lidera el ex alcalde de Parla no lo va a tener fácil ante los tribunales porque, tal y como expresaron miembros del resto de grupos, la votación se había ajustado a las normas. «Unas veces se gana y otras se pierde», aseguró el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, tras conocer la decisión de los socialistas.

Gregorio Gordo, líder de IU, prefirió dar a Gómez de su propia medicina: «Me limitaré a recordar que la pasada Legislatura tuvo un senador que le regaló el PP cuando, por votos, era nuestro», recordó el portavoz de la coalición sin dar mayor importancia a la primera de las jugadas parlamentarias del secretario general del PSM quien, en cambio, si tuvo buena vista al observar que en el reparto de cargos que compondrán durante los próximos cuatro años la Mesa –el órgano que ordena el funcionamiento de los plenos–la única presencia femenina será la de la «popular» Cristina Cifuentes en calidad de vicepresidenta. Pero la de Tomás Gómez no fue la única referencia a los tribunales en un comiezo de Legislatura que se promete polémico. También estudia acudir a la justicia, aunque por motivos distintos, el nuevo portavoz del PP en la cámara.

Una imputación «dilatada»
Íñigo Henríquez de Luna recibía minutos antes de tomar posesión como diputado el levantamiento de su imputación en el «caso Bécara» por que que, hasta ahora, había estado acusado de tráfico de influencias. El juez Santiago Torres tomó esta decisión el pasado 25 de mayo y, desde entonces, el hasta ahora edil del distrito de Salamanca en el Ayuntamiento de la capital aseguró haber acudido a diario al tribunal para conocer su decisión en una maniobra del magistrado que Esperanza Aguirre calificó como «muy curiosa». Ayer expiraba el plazo para que, por su calidad de aforado, el juez tuviera que pasar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. «Ha quedado perfectamente claro que nunca he tenido nada que ver en este caso», declaró a la prensa el portavoz Íñigo Henríquez de Luna tras lamentar la «condena pública» a la que ha sido sometido y que, aseguró, ha dañado su carrera política. En este sentido la portavoz del PP, Lucía Figar, explicó que el partido estudiará denunciar las «dilaciones graves» en las que ha incurrido el magistrado en el caso de Henríquez de Luna.

Una llamada al diálogo y a la cortesía
Con 72 votos a favor –los del PP– y 57 en blanco fue elegido ayer José Ignacio Echeverría como presidente de la Asamblea de Madrid. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento tanto a su grupo parlamentario, por haber votado su candidatura, como a los demás diputados que, aunque votaron en blanco propiciando su nombramiento como segunda autoridad de la Comunidad de Madrid tras la presidenta regional, decidieron no aplaudir la llegada del ex consejero de Transportes a la Mesa de la cámara regional ante la ovación de sus compañeros del Partido Popular. El nuevo presidente se comprometió a ser el representante «de todos» los diputados y mantener el diálogo con los grupos parlamentarios para conseguir, sobre todo, resolver el «principal problema» de los ciudadanos: reducir el desempleo y contribuir a la salida de la crisis económica al tiempo que se ha comprometido a «trabajar mano a mano con el Gobierno» en su lucha contra el paro.