Empresarios y sindicatos escépticos con el plan anti economía sumergida

Escepticismo. Mucho escepticismo entre los agentes económicos y sociales, con respecto a la aplicación del Decreto-Ley de Medidas para la Regularización y Control del Empleo Sumergido, que sacó de la chistera el Gobierno, el pasado 29 de abril.
La norma aportaba un plazo transitorio para permitir a los empresarios regularizar la situación de aquellos empleados que no cotizaban a la Seguridad Social, lo hacían de manera incorrecta o se encontraban recibiendo prestaciones por desempleo, a la par que desempeñaban un oficio. Y ese periodo concluye el próximo 31 de julio.
A partir de entonces, los empresarios infractores, aquellos que no hayan dado de alta a sus trabajadores, deberán hacer frente a unas sanciones pecuniarias que son hasta cinco veces más altas que hasta la fecha. De hecho, pasan de 626 a 3.125 euros. Si bien, la acumulación de fraudes puede derivar en una penalización económica máxima de hasta 10.001 euros, cuando hasta el momento esa cuantía tope se situaba en los 6.250 euros.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, presidida por Jesús Terciado, considera que «es necesario continuar con el control de las irregularidades que genera la economía sumergida y luchar contra ella».
Si bien, considera que «el núcleo de la reforma estatal lo constituye el incremento -sin límite en el tiempo- de las sanciones, junto con la ampliación de las responsabilidades del empresario principal, al que se le trasladan obligaciones de control propias de la Inspección, generándoles graves consecuencias en materia de responsabilidades, lo que lleva al rechazo más absoluto».
La patronal castellano y leonesa confía en que se apliquen medidas verdaderamente efectivas y que «no sólo den una imagen de lucha contra dicho fenómeno que, si bien es posible que exista, difícilmente se va a subsanar con medidas fiscalizadoras como las que propone la norma».
El secretario de Acción Sindical y Empleo de UGT en Castilla y León, Francisco Temprano, por su parte, recordó los datos presentados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda, que señalan que la economía sumergida ligada al empleo en Castilla y León asciende a 4.600 millones de euros, lo que supone un 8,4 por ciento del Producto Interior Bruto que se genera anualmente en la Comunidad. Una cifra que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, que es del 8 por ciento.
A juicio de Temprano, la norma impulsada por el Gobierno, «no va a lograr esa regularización que pretende, porque no mejora la protección, ni contempla medida alguna, a la par que no elimina la competencia desleal entre empresas». Ese Real-Decreto, cuyo apellido es «fomento de rehabilitación de viviendas» es incomprensible para UGT. «No tiene sentido que se mezcle todo», concluye.
Asimismo, denuncia que «se excluye del mismo a empleadas del hogar y a autónomos, que es donde más empleo sumergido existe».

Peores condiciones
Desde Comisiones Obreras, su secretario de Empleo y Formación, Saturnino Fernández, considera que «el Gobierno hace un guiño al empresariado», dado que antes el trabajador regularizado tras un proceso de inspección asumía un contrato fijo y se le otorgaba una cotización de cuatro años, con las consiguientes prestaciones. «Ahora no se reconoce nada al trabajador y el empresario sólo está obligado a hacer un contrato temporal», dice.
A su entender, el empresario «usaba la economía sumergida porque le interesaba» y señala que «lo único positivo es que habrá sanciones más fuertes».
La norma, sentencia, no funciona, un dato que apoya en las 5.000 bajas laborales registradas, en el ámbito nacional, «algo rarísimo», sentencia.

Sanciones por casi tres millones de euros con 6.000 afectados
Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Castilla y León es una de las comunidades autónomas con un mayor volumen de actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las últimas estadísticas, correspondientes al primer tremestre de este año apuntan a un total de 27.610 actuaciones, que derivaron en el registro de 1.586 infracciones en acta. Estas intervenciones afectaron a 5.985 trabajadores y supondrán sanciones por valor de 2,79 millones de euros. En el desglose aportado por el Ministerio, se cifra en 8.928 el número de visitas realizadas a centros de trabajo de Castilla y León entre enero y marzo de 2011, que permitieron abrir 1.238 actas de infracción. De ellos, los más numerosos se refirieron al área de Seguridad Social, con 728, es decir, el 58,8 por ciento del total. La seguridad y la salud laboral fue la segunda causa en la apertura de actas, con 311. El número de requerimientos durante ese periodo concreto, en Castilla y León, fue de 3.408. La mayor parte, como es lógico, se refirió a Seguridad y Salud Laboral, con 2.634 peticiones, muy por encima de los dirigidos a las Relaciones Laborales, que se situaron en 481 en total.