Las autonomías en pie de guerra contra el Gobierno

A menos de un mes de las municipales y autonómicas, los gobiernos regionales declararon ayer la guerra al Ejecutivo central, tras la conflictiva reunión celebrada la jornada anterior por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El órdago lanzado durante el encuentro por la vicepresidenta no cayó en saco roto. Sin dudarlo ni un segundo, invitó a los consejeros de Economía a acudir a los tribunales para que sea la Justicia quien dé y quite razones sobre el desarrollo del nuevo sistema de financiación autonómica y el traspaso, en consecuencia, de los consiguientes fondos, incluido el de competitividad.

Castilla-La Mancha ha sido la primera autonomía en recoger el guante tendido por Salgado. El Gobierno del socialista Barrera presentó hace unos días un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, en el que reclama al Ejecutivo el pago de 400 millones pendientes del nuevo modelo de financiación. Castilla-La Mancha considera que no es «adecuado» que Salgado no conceda este año anticipos a cuenta por los recursos adicionales incorporados al sistema y posponga su pago a la liquidación de los fondos en 2013.

Sin embargo, las autonomías están obligadas a garantizar «la prestación diaria de los servicios a los ciudadanos». De ahí la urgencia del Gobierno regional por percibir ahora y no dentro de dos años estos fondos. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta y consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo. Pese al recurso judicial, el Gabinete de Barreda mantiene abierta la negociación política con Economía, a la espera de que dé su visto bueno al plan de reequilibrio financiero, condición imprescindible para que el Consejo de Ministros autorice a esta comunidad a emitir nueva deuda con cargo al ejercicio 2011.

Compás de espera
Pero para eso deberá esperar hasta finales de junio o principios de julio, fecha en las que se volverá a convocar una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que deberá decidir si autoriza o no los planes de reequilibrio de, además de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña y Baleares. Estas autonomías no superaron este miércoles el examen del CPFF y, por eso, no podrán recurrir a incrementar su deuda para financiarse. De ahí que demanden a Salgado que cumpla con el nuevo modelo de financiación y les facilite los correspondientes anticipos a cuenta previstos.

Mientras que Castilla-La Mancha ya ha recurrido a los tribunales, Cataluña prefiere optar por la vía política para conseguir 1.450 millones a cuenta del fondo de competitividad, destinado a las comunidades que perciben una aportación inferior a la media por habitante. No obstante, el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, no cierra la puerta a acudir al Constitucional, si, al final, Salgado no entra en razón y no aporta esta cuantía a la Generalitat, sin la cual no podrá cumplir el objetivo de déficit este año. Incluso el presidente del grupo del PSC en el Parlamento catalán, Joaquim Nadal, avisó ayer de que «la postura inflexible» de la vicepresidenta segunda del Gabinete de Zapatero sembrará «nuevas tempestades», tras los comicios municipales y autonómicos.

Muchas reclamaciones
La Xunta gallega también comparte esta visión. El Gobierno de Feijóo prefiere debatir la financiación en la comisión bilateral, aunque se reserva la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Galicia asegura que el Gobierno central le debe 805 millones. Al igual que Galicia, Madrid exigirá a Salgado «por todas las vías posibles» el cumplimiento de «sus obligaciones legales y los compromisos asumidos» por el CPFF.

El vicepresidente madrileño, Ignacio González, consideró un trato discriminatorio que no se penalice a las autonomías con déficits excesivos. Mientras, el Gobierno valenciano baraja reclamar al Ejecutivo central el pago de 633 millones de los anticipos del fondo de competitividad en los tribunales ordinarios y no ante el Constitucional. Salgado, por su parte, recordó ayer que la limitación del endeudamiento a las comunidades que incumplan trimestralmente sus objetivos de déficit no fue una imposición del Ejecutivo, sino una decisión adoptada de común acuerdo.