Fraile repite ante el juez

MADRID- Esta semana, el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, volverá a verse las caras con la Justicia. El sucesor de Tomás Gómez en el consistorio parleño tendrá que declarar el viernes 28 por el controvertido cese del ex jefe de Policía local del municipio Eduardo Fernández Tejero. Tras su destitución, un juzgado obligó a Fraile a readmitirle en 2010. Sin embargo, el alcalde desobedeció al juez y decidió trasladar al oficial a un despacho sin competencias. Esta citación se produce después de que en el mes de junio el fiscal de zona pidiera que se tomara declaración al regidor por el incumplimiento de la resolución judicial. En el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fechado el 3 de septiembre en el Juzgado de instrucción número 7 de Parla, se cita a Fraile y a su por entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, a las 11:00 y a las 11:30 horas respectivamente.

Hay que recordar que la polémica se remonta a octubre de 2009. Entonces, Fraile y el concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, relegaron de forma fulminante a Fernández Tejero como responsable de los agentes municipales. «Eduardo, hemos perdido la confianza en ti». Ésta fue la única explicación que recibió por su cese. Por más que el jefe policial recordó a los responsables políticos que su puesto no era «de confianza», sino de acceso a través de oposiciones, lo único que recibió como respuesta fueron más amenazas : «Me dijeron que me abrirían un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente del Ayuntamiento, y si no aceptaba, me amenazaron con que quedaría relegado a cobrar mi sueldo realizando funciones testimoniales». Todo se cumplió.

Comisión de investigación
Se le abrió un expediente, que con el tiempo fue archivado sin sanción, y posteriormente fue destinado a un despacho sin competencias sobre la Policía Local, mientras percibía de forma íntegra su sueldo de cerca de 3.000 euros al mes. Una vez cumplidas las amenazas, Fraile modificó el organigrama de la Policía local mediante la creación del cargo de subinspector, que en el escalafón se situaría por encima de Fernández Tejero. El elegido para esta responsabilidad fue el sargento Antonio Aguado, suboficial, y por lo tanto con menor categoría que Fernández Tejero, que es oficial. Fernández Tejero decidió poner entonces su caso en manos de la Justicia. Como respuesta a ello, el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Madrid resolvió en noviembre de 2010 la anulación del decreto que supuso su relevo. El ex jefe policial decidió interponer también una querella por prevaricación administrativa contra Fraile y Sánchez Toribio. Querella que desencadenó la dimisión del concejal de Seguridad, quien, no obstante, alegó para su salida del equipo de gobierno «motivos de salud».

Y, para terminar de enredar el culebrón, es ahora el propio Sánchez Toribio, después de guardar silencio sobre este tema durante más de dos años, el que ha solicitado comparecer en sede municipal para dar su versión sobre el cese y la posterior batalla judicial. A través de un escrito, que el registro del consistorio fecha el 12 de septiembre, el ex concejal se pone a disposición del grupo municipal del Partido Popular y de la Comisión de Investigación aprobada el pasado mes de julio por el pleno del ayuntamiento –con los votos de PP y UPyD– para esclarecer la destitución de Fernández Tejero.

A falta de que se determine un día para la comparecencia de Sánchez Toribio en el consistorio, lo que Fraile, de momento, no podrá evitar es su cita del viernes, en la que, como exigía el fiscal de zona, tendrá que pronunciarse «sobre las razones del cumplimiento, cumplimiento parcial o incumplimiento» de la resolución judicial de 2010.