Pasos atrás contra ETA

La lucha antiterrorista se encuentra en una compleja encrucijada a la espera del famoso comunicado de ETA, en el que presumiblemente los terroristas anunciarán una tregua unilateral, indefinida y verificable por instancias internacionales, pero también que no renunciarán al terrorismo ni se disolverán ni entregarán las armas. Más allá de filtraciones más o menos interesadas y de movimientos tácticos del mundo proetarra, el balance de la situación dista de ser esperanzador. La realidad es que, después del alto el fuego de septiembre, se han dado pasos atrás que han alimentado la confusión y el escepticismo en una sociedad que no quiere suposiciones y elucubraciones, sino certezas. La manifestación de ayer en Bilbao a favor de los reclusos terroristas es el último de esos actos desconcertantes para un Estado de Derecho. Que la Justicia, con el visto bueno de la Fiscalía dependiente del Gobierno, permitiera la marcha convocada y organizada por reconocidos simpatizantes y ex candidatos de organizaciones del entramado de ETA, con informes contrarios de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, es algo incomprensible, que alimenta toda clase de interpretaciones, equivocadas o no, sobre la trastienda de la política antiterrorista. Con poco que se conozca la realidad del País Vasco, los antecedentes o los colectivos como el de los familiares de los presos de ETA, es imposible sostener con razones fundadas que un acto como el de ayer en Bilbao no supone una exaltación de las actividades criminales desarrolladas por los terroristas. Harían bien la Justicia y el Ministerio Público en explicar a la sociedad por qué las manifestaciones en favor de los presos en 2007, 2008 y 2010 fueron prohibidas si sus connotaciones y características eran prácticamente iguales a la de este año. En una democracia nadie debería poder salir a la calle a apoyar a los delincuentes, sean terroristas, maltratadores o violadores.

Pero hay más. También inquietan situaciones inasumibles como la libertad de Díez Usabiaga, una auténtica burla, o los experimentos políticos que el Ejecutivo lleva a cabo en las cárceles con los etarras supuestamente arrepentidos. Cuesta asumir que terroristas con sangre en sus manos salgan de permiso con el frágil argumento de que han renegado de ETA, cuando ni siquiera han pedido perdón a sus víctimas ni han resarcido a la sociedad ni han cumplido la mayor parte de su pena. Y cuesta todavía más entender estos movimientos confusos mientras los terroristas roban vehículos, extorsionan a los empresarios, modernizan y fortalecen su aparato de falsificaciones y recopilan informaciones.

Las víctimas del terrorismo han sido siempre, y deben seguir siéndolo, un termómetro moral y político, y una conciencia social. Si el colectivo se siente humillado, como lo manifiestan sus representantes, algo está fallando y alguien ha tomado un atajo equivocado. El discurso oficial y público del Gobierno, con el que coincide el PP, es de firmeza máxima y de perseverar en el acoso policial y el rigor judicial. Ésa es la fórmula hasta la derrota final de ETA. El Gobierno será el responsable de que no exista desviación alguna en esa hoja de ruta y de que los terroristas y sus acólitos no puedan presentarse a las elecciones.