Garzón rumbo a La Haya al cuarto día de su suspensión

MADRID-La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, presidida por Carlos Dívar, permitió ayer al juez Garzón, cuatro días después de que el Pleno le suspendiera cautelarmente, que, a partir de ahora y durante siete meses, pueda ejercer como «consultor externo» en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI): «No se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, y en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación».

Eso sí, la decisión no fue unánime. El presidente, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar respaldaron la solicitud de Baltasar Garzón, mientras que Antonio Dorado y Almudena Lastra se opusieron y anunciaron votos particulares.

La resolución coincide con el contenido del informe del secretario general del Consejo, donde se dejaba claro que un juez suspendido no podía estar a la vez en situación de Servicios Especiales, pero que, sin embargo, ello no le impedía el poder aceptar la «oferta» de la Corte Penal Internacional. El motivo no es otro que entender que a un juez en situación de suspenso no se le puede aplicar el régimen de incompatibilidades previsto para los magistrados en activo, que es lo que, en ese caso, sí le hubiese impedido aceptar la propuesta del fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

Los tres vocales que sacaron adelante la resolución y Antonio Dorado respaldaron ese mismo criterio, mientras que Almudena Lastra entendía que lo procedente era admitir la petición de Garzón en el sentido que la formuló. Sin embargo, Dorado votó en contra de la mayoría al esgrimir que era necesario que el juez en cuestión presentase un nuevo escrito, donde reclamase poder aceptar la petición de la CPI. Dívar, Robles y Almenar, por contra, defendieron que se podía entrar definitivamente a valorar la «oferta» de trabajo realizado a Garzón. «Quien pide lo más, pide lo menos», señalaron a LA RAZÓN fuentes del Consejo para argumentar esa decisión.

Tesis contraria de la Fiscalía

Fiscalía, Sala Penal del Supremo y el Ministerio de Asuntos Exteriores no pusieron tampoco ningún obstáculo a la solicitud de Garzón. De hecho, la Fiscalía consideraba que un juez en suspenso no impedía que, a la vez, estuviese en servicios especiales.