La «trama de los ERE» llega a las subvenciones para la formación

Sin embargo, hay otras partidas que comienzan a ponerse bajo sospecha por el contagio con la trama. Es el caso, por ejemplo, de las subvenciones para la formación. Un dato lo demuestra: El ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado por cohecho en el «caso Mercasevilla» y en la trama de los ERE por meter a su cuñado José Antonio Márquez Sánchez en el ERE de Surcolor, otorgó en 2009 (BOJA del 11 de marzo) una ayuda de 68.472 euros a esta empresa, con cargo al Programa 32D de Formación Profesional Ocupacional.

Surcolor puso en marcha en 2006 un ERE financiado por la Junta que afectó a 26 trabajadores. Entre ellos hay dos intrusos. El militante socialista de Camas Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez. El primero, según señala la juez Alaya en el auto del pasado 16 de abril, se benefició de «su relación conyugal con una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas» –Concepción Ávila es ex delegada de Cultura y Fiestas Mayores del municipio sevillano– y, el segundo, «de su relación con Antonio Rivas».

Ésta no ha sido la única subvención. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que está en el ojo del huracán al ser el ente que utilizó la Junta para gestionar opacamente el «fondo de reptiles», también otorgó en 2007 a Surcolor un incentivo de 111.304 euros para «el fomento de la innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía» (BOJA del 7 de agosto de 2007). Las ayudas a la formación ya han sido objeto de polémica. El parlamentario y ex «número dos» del PSOE-A, Rafael Velasco, dimitió de todos sus cargos en octubre del año pasado al trascender que la empresa que gestionaba su mujer había recibido 700.000 euros en cuatro años.

A raíz de este caso, el Parlamento aprobó por unanimidad solicitar a la Cámara de Cuentas que fiscalizara todas las subvenciones otorgadas en materia de Formación Profesional Ocupacional entre 2005 y 2010, así como las ayudas para Formación Profesional para el Empleo. El historial de Antonio Rivas no está especialmente inmaculado. La Fiscalía le pide 900.000 euros –a él y a otros tres dirigentes de la anterior cúpula de Mercasevilla– por reclamar presuntamente una comisión de 300.000 euros a unos empresarios a cambio de una subvención para instalar una escuela de hostelería.

Ésta fue la mecha que prendió en febrero de 2009 las llamaradas que ahora tiene la trama de los ERE. Asimismo, la juez instructora señala que el ex delegado provincial de Empleo entre el 2000 y 2010 ha dado luz verde «a un buen número de ERE en los que se han detectado falsos trabajadores, entre los que destaca especialmente el de Mercasevilla de 2007, que fue autorizado por las mismas causas económicas y organizativas que el ERE de 2003». Rivas ostentó también la Alcaldía de Camas entre 1991 y el 2000. Este pueblo sevillano, junto con El Pedroso, conforman el principal tándem de irregularidades. En Camas fue también Rivas secretario general del partido y miembro de la Ejecutiva hasta que en marzo no le quedó otro camino que la dimisión.

El PP: Griñán y Chaves «lo sabían todo»
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, acusó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, de estar «en el epicentro de los ERE» aunque «monten una estrategia para ocultar sus responsabilidades» que se está «desmontando por la vía judicial». Era la reacción de Soto al auto emitido por el Tribunal de Cuentas en el que anuncia que investigará, tras la denuncia interpuesta por los populares, el caso de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía, ya que, según concluye el organismo fiscalizador, los hechos puestos de manifiesto «permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos».

Según la portavoz popular, este auto «nos da la razón en que, como decíamos, Chaves, Griñán y el Gobierno socialista eran conocedores de todo lo que estaba ocurriendo con el fondo de reptiles», y remarcó que el Tribunal de Cuentas, «en una simple revisión y en el inicio de la investigación, detecta indicios de menoscabo de fondos públicos y un perjuicio en los caudales públicos». «Desde el PP-A estamos absolutamente convencidos de que si el tribunal ha detectado ese indicio de menoscabo de fondos públicos, los interventores de la Junta también tuvieron que detectarlo en siete años», dijo. El PP «no se cree, como decían Griñán y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que no se hiciera el informe de actuación porque no se había detectado ese menoscabo».