El Gobierno da 35000 euros para estudiar el final legal de ETA

MADRID- El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el derecho penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes, con el fin de favorecer «un clima de paz social». El Ministerio de Ciencia e Innovación ha subvencionado este proyecto de investigación que, bajo el título «¿Qué puede aportar el derecho penal para el final del terrorismo de ETA?», ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

El equipo de investigación y sus colaboradores tienen un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya han comenzado a sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador, Antonio Cuerda, reconoció que el comunicado de cese definitivo de la violencia anunciado por ETA obliga a «trabajar más rápido» a los expertos.

«Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad», explicó en declaraciones a Ep el catedrático de derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.

La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas –«ni más perjudiciales, ni más beneficiosas»– al colectivo de presos de ETA. «El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza, habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes de terrorismo», añadió.

Cuerda se mostró convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción de los presos de ETA. «Son delincuentes, han matado y han asesinado pero tendrían que recibir el mismo trato», defendió. Asimismo, consideró que exigir el arrepentimiento únicamente a los terroristas es «discriminatorio».