Castigo a los ahorradores por una décima de déficit

Al final, el número de contribuyentes afectados no ascenderá ni a 90.000, como aseguró este miércoles José Blanco, ni a 200.000 o 300.000, como puntualizó en esa misma jornada Alfredo Pérez Rubalcaba. Un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley de Patrimonio, Salgado anunció que serán 160.000 personas las que deberán pagar este impuesto, al situarse el mínimo exento en 700.000 euros, cifra a caballo entre los 600.000 defendidos por el candidato del PSOE a las generales y el millón de euros anunciado por el portavoz del Gobierno. Además, el mínimo exento de la vivienda habitual pasa a 300.000 euros.

El tributo se recupera de manera temporal para los ejercicios 2011 y 2012. La vicepresidenta consideró este plazo razonable para que el nuevo Gobierno, que espera sea socialista, defina su política fiscal y, en caso de que Rubalcaba sea presidente del Ejecutivo, su tributo para ricos. De paso, el carácter temporal de Patrimonio ha contribuido a que Salgado supere las reticencias expresadas por el presidente del Ejecutivo sobre la reactivación de un impuesto ineficaz recaudatoriamente por la negativa de las autonomías, competentes en su gestión, a aplicarlo.

Según los cálculos de Economía, las autonomías recaudarán cada año por el tributo 1.080 millones, si, al final, deciden desarrollarlo y no ejercitar su capacidad normativa a bonificarlo el cien por cien. Según Salgado, estos fondos extras ayudarán a los gobiernos regionales en 2012 y 2013, fechas en las que se cumplimentarán, respectivamente, las campañas de Patrimonio de 2011 y 2012, a controlar y reducir sus déficits. Precisamente, en estos ejercicios las Administraciones Públicas deberán dar un último empujón para colocar a final de 2013 el déficit público en el 3% del PIB. Sin embargo, en el caso de que todas las comunidades decidan aplicar este tributo habrán enjugado el déficit público cada año tan sólo una décima del PIB.

Salgado dio ayer marcha atrás por impedimientos legales en su decisión inicial de «castigar» a las autonomías que se rebelaran en contra del tributo, descontándole su parte correspondiente de los 2.000 millones de euros que se incorporaron en 2008 al sistema de financiación para compesar la supresión de Patrimonio.


Al candidato no le salen las cuentas...
Desde que se hizo oficial que Alfredo Pérez Rubalcaba sería el elegido para representar al PSOE en las elecciones del 20-N, el candidato se ha mostrado como un gran defensor de la recuperación del Impuesto de Patrimonio. Su entusiasmo era tal con esta medida que aseguró que 200.000 personas lo pagarían, muy lejos de la cifra de 160.000 que se ha conocido oficialmente. Estos datos repercuten también en lo que se ingresará con el impuesto, que se ha reducido a 1.080 millones de euros anuales, muy lejos de lo prometido por Rubalcaba en un principio, que barajaba la posibilidad de ingresar unos 1.400 millones de euros en las arcas del Estado.


... Y los diputados revisan las suyas
Con la llegada del Impuesto sobre el Patrimonio comienzan las dudas sobre si los diputados tendrán que pagarlo o no, después de que se hicieran públicos los bienes de sus señorías. Por ejemplo, el portavoz de CIU, Josep Antoni Duran Lleida, alegó que no lo pagará ya que sus bienes son «más del banco que míos». Por su parte la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que si ven sus cuentas «verán que no» tiene que pagar el impuesto. Sí lo tendrán que hacer diputados como Rubalcaba o Bono que superan la cifra de los 700.000 euros.


LA DEFENSA DEL MILLÓN
La vicepresidenta primera fue ayer consciente de que con su anuncio dejaba en mal lugar al portavoz del Gobierno. Por eso, al explicar el mínimo exento de Patrimonio sumó, aunque no se puede, los 700.000 euros exentos a los 300.000 exentos por vivienda habitual. El resultado de la operación no es otro que el millón de euros que Blanco aseguró un día antes sería el mínimo exento. La anécdota la protagonizó al explicar, a mano, los pormenores del decreto.