Caso Auditorio

OPINIÓN: Ignorantes

La Razón
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La directiva europea 2012/13/UE, de 22 de mayo, puntos 27, 28 y 29, exige a los Estados (¿Murcia sigue en España?) que los imputados sean informados de la acusación para que puedan defenderse. La información debe incluir hechos y calificaciones, con obligación de notificar cualquier modificación que se produzca. Según sabemos, ni la imputación del alcalde Cámara tenía como finalidad proteger sus derechos (sigue imputado pese a la inconcreción de hechos y calificación) ni al resto de los imputados se le ha dicho por qué lo son, lo que convierte la investigación Umbra en un mero echar la caña a ver si pican, amparados en el secreto (4 años ya, cerca del plazo razonable para dictar sentencia que fijan la UE y los tratados internacionales), en su desprecio de la Constitución y, para colmo, en persecución de ideación paranoica que arranca en 1999 e implica a todas las instancias civiles de Murcia y pedanías: PP, PSOE, Ayuntamiento, secretario municipal (q.e.p.d.), técnicos, empresarios y el Club Real Murcia, cuyo presidente, no imputado, firmó un protocolo que está haciendo correr más tinta que el Protocolo de los Sabios de Sión. ¿Será esta la tumba funcionarial del juez instructor dadas las reiteradas críticas a su praxis errática? ¿Será igualmente la tumba de la fiscalía, sobre todo de la sección chihuahua, y de su jefe? ¿Seguirá Murcia siendo territorio comanche a falta de civilizar, cristianizar y romanizar? Mientras se despejan las dudas, la prensa local saliva sacándole partido a la producción literaria del juez Castillejos, de la que se esperan nuevas entregas apenas vuelque el verano. La afición y la crítica esperamos expectantes el «continuará» del culebrón, sólo falto de líos de faldas (en las grabaciones ni eso).